Jujuy Básquet ya comienza a preparar su camino para la temporada 2024-2025 de la Liga Argentina, y lo hace con la confirmación de la continuidad de Fabián Daverio como director técnico, quien ha sido una pieza fundamental en el desempeño del equipo durante la Liga Federal, llevándolo a las instancias finales del torneo.
La primera incorporación anunciada por Daverio fue la de Joaquín Sánchez, un escolta con amplia experiencia tanto en la Liga Argentina como en el baloncesto europeo. Sánchez, de 1,88 metros de altura y 80 kilos, proviene del club Scandone Avellino de Italia.
Lucio Castellani es otro de los nombres que se suman al equipo jujeño. Este ala-pivot de 1,97 metros y 93 kilos, llega desde Salta Basket, donde ha sido un pilar importante en su plantel.
La tercera incorporación es Milton Vittar, un base con una destacada trayectoria en la Liga Argentina y en la Liga Nacional, habiendo pasado por equipos como Unión y Juventud. Finalmente, Lautaro Florito se une al equipo como el último refuerzo anunciado hasta el momento. Este alero llega desde La Unión de Colón.
Con estas incorporaciones, Jujuy Básquet refuerza su plantel de cara a la temporada 24-25, apostando por jugadores con experiencia y trayectoria tanto en la Liga Argentina como en el exterior. Bajo la dirección de Fabián Daverio, el equipo buscará consolidarse y ser protagonista en el próximo certamen nacional.
Es parte del capítulo de reforma laboral de la Ley Bases. En los próximos días saldrá su reglamentación, en la que todavía el Gobierno está trabajando. Infobae accedió a algunos detalles de lo que está en la mesa de discusión
Promover el empleo registrado es uno de los objetivos incluidos en la reforma laboral aprobada dentro de la Ley Bases, a fines de junio. Concretamente, la norma se refiere a la posibilidad de que, beneficios mediante, los empleadores que tengan trabajadores en negro puedan registrarlos y regularizar así la relación laboral, con un máximo hacia atrás de cinco años. En la Ley quedaron establecidas, en líneas generales, cuáles serán esas ventajas que tendrán los empresarios, pero los detalles se están terminando de negociar entre los distintos ministerios del Gobierno y serán oficializadas en los próximos días mediante la reglamentación.
De acuerdo con lo que establece la norma sancionada, los empleadores podrán regularizar las relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación de la ley, con los siguientes beneficios:
Extinción de la acción penal (Ley Penal Tributaria 27.430) y condonación de las multas, infracciones y sanciones correspondientes a la regularización.
Baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) -Ley 26.940), siempre y cuando se regularicen los trabajadores y se pague, de corresponder, la multa.
Condonación de la deuda por capital e intereses por falta de pago de aportes y contribuciones de los siguientes conceptos: Ley 24.241 (Sistema Integrado Previsional Argentino); Ley 19.032 (Instituto Nacional para Jubilados y Pensionados); Ley 23.661 (Régimen Nacional de Seguro de Salud); Ley 24.013 (Fondo Nacional de Empleo); Ley 24.714 (Régimen de Asignaciones Familiares); Ley 22.250 (Registro Nacional de la Industria de la Construcción).
Los empresarios del Grupo de los 6 (G6), en uno de los encuentros con el secretario de Trabajo, Julio Cordero
De acuerdo con lo que dice la Ley, la reglamentación determinará los porcentajes de condonación, pero en ningún caso podrán ser inferiores al 70% de las sumas adeudadas. Además, establece que se podrán establecer incentivos para la cancelación de contado y beneficios especiales para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. En este sentido, y según precisaron fuentes oficiales a Infobae, lo que podría salir en la reglamentación es lo siguiente:
-La condonación de las deudas por falta de pago de aportes y contribuciones llegaría al 90%, en el caso de las empresas más pequeñas (micro pymes); sería del 80% para las compañías medianas y del 70% para las más grandes. Pero en todos los casos, si se abona al contado.
-Para hacer frente a la diferencia, la AFIP también implementaría en pago en cuotas, pero no será una tasa subsidiada, como ocurría en el pasado. El Gobierno quiere evitar que las empresas se financien con el fisco. Sería, en principio, similar a la tasa de descuento de documentos, afirmaron las fuentes.
Estos detalles se están estudiando entre los equipos de la Secretaría de Trabajo, que dirige Julio Cordero; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el titular de Economía, Luis Caputo. También la AFIP. Si bien la Ley establece que la condonación de la deuda no podía ser inferior al 70%, quienes manejan los números y la caja pujaban porque el pago en cuotas tenga un interés aún mayor del que se habría resuelto, por lo que ello licuaría en parte la quita. Finalmente, la condonación llegaría hasta el 90% en el caso de las micro pymes y las tasas, si bien no serán inferiores a la inflación, tampoco serán tan onerosas.
De todos modos, lo que algunos funcionarios sostienen es que a pesar de las altas condonaciones, son trabajadores que, de otro modo, las empresas muy probablemente no regularizarían. Por lo tanto, es todo ganancia para el fisco, ya que no sólo deberán pagar la mínima diferencia que les queda sino que a partir del momento en que son blanqueados, comienzan a pagar hacia adelante.
Según la norma sancionada, los trabajadores incluidos en la regularización prevista tendrán derecho a computar hasta 60 meses de servicios con aportes o la menor cantidad de meses, calculados sobre un monto mensual equivalente al salario mínimo vital y móvil, a fin de cumplir con los años de servicios requeridos por la ley 24.241 para la obtención de la prestación básica universal y para la prestación por desempleo de la ley 24.013.
La reforma laboral incluida en la Ley Bases también incluye la creación del Fondo de Cese, un esquema que reemplaza el sistema indemnizatorio actual y es similar al que rige en el sector de la construcción. Sería optativo
La regularización deberá efectivizarse dentro de los 90 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación, que debería estar publicada la semana próxima. Podrán incluirse dentro del régimen de deudas las que se encuentren controvertidas en sede administrativa, contencioso o judicial en tanto el empleador se allane y desista de toda acción y derecho, asumiendo el pago de las costas. La AFIP y las instituciones de la seguridad social se abstendrán de formular determinaciones de deuda y de labrar actas de infracción por las mismas causas y períodos comprendidos en la regularización, remarca la Ley.
Los empresarios del Grupo de los 6 (G6), que integran la Cámara de Comercio (CAC), la Cámara de la Construcción (Camarco), la UIA, la Bolsa, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), le llevaron al Gobierno sus propuestas para cada uno de los temas laborales que deben ser reglamentados. Sobre el blanqueo laboral no consideraron nada puntual, pero sí lo hicieron sobre otros puntos.
En el Gobierno están apurados a reglamentar lo más urgente, y entre ello figura esta búsqueda por regularizar trabajadores que estuvieran en negro. También el Fondo de Cese Laboral, creado en la Ley. Se trata de un fondo o sistema de cese laboral que sustituye la indemnización por antigüedad (art. 245 de la Ley de Contratos de Trabajo), algo similar a lo que funciona para el sector de la construcción, que tiene trabajadores rotativos permanentemente (por la finalización de las obras). En este caso, se acordaría de forma optativa mediante los convenios colectivos de trabajo, pero también sería opcional para las empresas y trabajadores, según señaló a este medio una fuente del Gobierno.
Fuente: INFOBAE
Un importante numero de estudiantes del nivel terciario y universitario se movilizaron en esta jornada a la sede central de la municipalidad de San Salvador de Jujuy preocupados por la falta de aplicación del BEGU en estos niveles educativos. La medida de protesta nacio de un encuentro entre diferentes organizaciones estudiantiles de las facultades de la UNJU y estudiantes de los IES que se ven obligados a abonar $825 para poder viajar y trasladarse a las diferentes instituciones educativas.
El reclamo estudiantil obedece a que recién el próximo 28 de agosto quedara habiliotada la pagina para poder reinscribirse y de ahí se supone se deberá esperar otro tiempo para que quede habilitada la tarjeta con este beneficio.
Las autoridades municipales se comprometieron a realizar todos los esfuerzos posibles a fin de adelantar la fecha de inscripción.
En el marco de las negociaciones paritarias 2024, el Gobierno de la Provincia propuso un incremento salarial del 10% para los agentes de la administración pública, más un incremento de las sumas no remunerativas en el escalafón general y docente. Aumento que impactará en la liquidación de agosto.
El ofrecimiento se formuló conforme al contexto económico y las posibilidades financieras, manteniendo paritarias abiertas y en base a un diálogo permanente con los gremios estatales.
En tal sentido, el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, explicó que “la oferta del 10% es manteniendo la naturaleza de los conceptos (remunerativos y no remunerativo) Asimismo, se incrementarán las sumas no remunerativas que ya se pagaban el mes pasado. En el caso del escalafón general que era de 80 mil pesos, pasa a 140 mil y en el caso de los docentes que era 55 mil pesos, pasa a 141 mil pesos”.
Además, indicó que “en julio y agosto otorgamos un 10% de aumento cada mes cuando la inflación de Julio fue del 4% y se estima igual comportamiento en agosto, por lo que estamos por arriba de los índices de inflación”.
Asimismo, enfatizó que "se acumula un alza desde principio del año superior al 100%, con lo cual vamos cumpliendo las expectativas de la gente”.
A su vez, sostuvo que el salario inicial para el escalafón general quedará en 460 mil pesos y el caso de los docentes pasa a 550 mil pesos.
Finalmente, Cardozo subrayó que el gobierno viene realizando un gran esfuerzo para pagar el incentivo docente con recursos propios.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sigue entregando al Reino Unido sus reservas de oro. Este lunes partió hacia Londres un tercer cargamento, de casi 1.500 lingotes de oro valuados en unos 250 millones de dólares, mientras el gobierno de Javier Milei sigue sin responder los pedidos de informes sobre este vaciamiento de las arcas de la autoridad monetaria.
En las últimas horas se viralizó en las redes sociales un video en el que se puede ver un camión del BCRA, sobre la Autopista Riccheri, rumbo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
En julio el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, confirmó que el BCRA sacó oro de las reservas para enviarlo a Londres en un operatoria que, lejos de ser por única vez, se viene repitiendo de manera periódica.
Según intentó explicar en ese momento Caputo, se trata de "una movida muy positiva del Central" dado que, consideró, de esta manera se le puede sacar un retorno a diferencia de cuando está en las arcas del regulador financiero.
El escándalo surgió luego del pedido de informe presentado por el diputado nacional y Secretario General de La Bancaria, Sergio Palazzo. En su carta, el legislador solicitó al Gobierno y al BCRA que expliquen si los días 7 y 28 de junio pasado salieron camiones de caudales de la empresa Lumil trasladando el oro de la bóveda del BCRA hacia el aeropuerto de Ezeiza, donde los embarcaron en un avión de la aerolínea británica British Airways con destino desconocido, aunque se supone que fue el Banco Central de Inglaterra.
"Si todo es como parece, el Banco Central sigue con su política de utilizar el oro de las reservas como colateral para eventualmente pedir préstamos o generar algún tipo de liquidez. No es un recurso nuevo pero sí debiera llamar la atención, porque es caro movilizar oro para ampliar los márgenes de liquidez del BCRA", aseguró en C5N Julián Guarino, director de Ámbito.
Y advirtió: "además, despierta un signo de interrogación en torno a cómo avanzan o involucionan las reservas. El Gobierno viene insistiendo en que su política cambiaria y monetaria son el puntapié para no solo un saneamiento sino eventualmente refinanciar la deuda que mantiene el Tesoro, pero lo que estamos viendo es que utiliza los últimos recursos que tiene para obtener un mínimo respaldo en las reservas".
Guarino recordó además que "en abril de este año nos enteramos de que el Banco de Basilea, el Banco Central de los bancos centrales del mundo, le pidió al BCRA que cancele un swap que tenía por 3.000 millones de dólares. Cuando asumió Javier Milei, él decía que iba a cerrar el BCRA, entonces los funcionarios suizos pidieron la devolución. El Gobierno canceló esa cifra y a partir de ese momento fueron bajando en intensidad las amenazas del Gobierno respecto a lo que iba a hacer con el BCRA".
"La mecánica de acumulación de reservas empezó a mermar, ahora estamos nuevamente en negativo. Dejaron de decir que iban a quemar el Banco Central porque nadie le iba a prestar dinero. Lo que estamos viendo ahora es que el Gobierno retrocede y va a buscar ayuda al Banco de Basilea. Para hacer esto no alcanza ya con los compromisos 'de palabra', por eso hay que movilizar oro físico, y además hay una dinámica en marcha que está poniendo en juego los últimos recursos del BCRA. La gran pregunta es ¿el Gobierno va a modificar su política cambiaria y monetaria? Vos necesitás un puente de dólares hasta llegar a un nuevo acuerdo con el FMI", concluyó.
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