Con la presencia de representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio Público de la Defensa y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia, se llevó adelante una mesa de trabajo interinstitucional con el propósito de avanzar en la construcción de criterios comunes de actuación y delimitar competencias institucionales vinculadas a la intervención en situaciones que involucran a niñas, niños y adolescentes.

El encuentro de trabajo tuvo lugar ayer, 1 de junio, en la Sala de Acuerdos del Palacio de Tribunales, con la participación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia Dres. Martín Francisco Llamas, Eduardo Uriondo y Mercedes Arias, quien además es directora de la Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes (ONNA).

También estuvieron presentes la Defensora General del Ministerio Público de la Defensa (MPD), Dra. Gabriela Burgos y el Adjunto Dr. Matías Luna; el Procurador General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Dr. Alejandro Bosatti y el Adjunto Dr. Diego Chacón; la coordinadora de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes del MPD, Dra. Claudia Lamas; y las coordinadoras de la ONNA del Poder Judicial, Dra. Ana Carolina Bidondo y Esp. María Lucrecia Oviedo Mañas.

En representación de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia asistieron su titular, Dra. Marta Iriarte; la directora, Dra. Mariela Gloss; y el director de Sistemas de Cuidados, Dr. Mario Vacaflor.

Durante el encuentro se abordaron distintos aspectos relacionados con la actuación coordinada de los organismos intervinientes, particularmente en relación con los requerimientos formulados por el Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa vinculados a niñas, niños y adolescentes.

En ese marco, la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Dra. Mercedes Arias, explicó que uno de los principales objetivos de la reunión fue aunar criterios en torno a las intervenciones solicitadas a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, procurando optimizar las respuestas institucionales y favorecer un uso adecuado de los recursos disponibles.

Asimismo, se analizaron cuestiones vinculadas a los tiempos de resolución de conflictos y a factores relacionados con la órbita del Poder Ejecutivo que inciden en la capacidad de respuesta frente a las demandas provenientes del sistema judicial.

La magistrada hizo especial hincapié en la necesidad de establecer claramente las competencias de cada organismo, señalando que el propósito de estas mesas de trabajo es brindar precisiones sobre los ámbitos de intervención correspondientes, tanto en materia civil y de familia como en el fuero penal.

El estudio de la UBA revela un descenso histórico del catolicismo en Argentina y un alza de personas sin religión. El catolicismo en Argentina dejó de ser la referencia dominante en la identidad religiosa. Así lo reveló un reciente informe del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina presentado por el Observatorio de las Creencias de la Universidad de Buenos Aires. El mismo confirma una transformación estructural: el porcentaje de católicos sigue en descenso, mientras aumenta de manera sostenida el número de personas sin filiación religiosa.

 “Uno de los hallazgos más importantes del relevamiento tiene que ver con esta tendencia declinante del catolicismo”, explicó Juan Cruz Esquivel, investigador principal del CONICET a cargo del estudio.

En Argentina, el catolicismo aún representa la confesión mayoritaria, con 57,7% de quienes se identifican religiosamente. Sin embargo, esta proporción dista mucho del 90% de la primera mitad del siglo XX. “Desde el año 1960 que se registró en el último censo de población la pregunta sobre religión, representaba el 90% de los argentinos", indicó Esquivel.

Y como contrapartida, precisó el investigador, hay un “crecimiento de dos grandes grupos. Por un lado, el campo evangélico, con sus múltiples denominaciones, que representa el 17,4%, y los llamados sin filiación religiosa, que no son solamente ateos o agnósticos, sino es un conjunto de personas que se consideran creyentes, que tienen prácticas espirituales, pero que a la hora de preguntarles cuál es su religión, dicen: ‘Ninguna’“, detalló.

Las personas sin filiación religiosa alcanzan actualmente 22,4%, constituyendo el segundo grupo más numeroso. Este cambio marca el quiebre de la matriz única que definió la vida social argentina durante décadas. Los evangélicos ocupan el siguiente puesto, con 17,4%, consolidando su presencia como la segunda identidad religiosa organizada más importante. "Es un fenómeno que no solo crece en Argentina, sino en el mundo entero", comentó Esquivel.

Transformación generacional en la identidad religiosa

El informe identifica al recambio generacional como el principal motor de cambio. Sólo 44,6% de los jóvenes entre 16 y 29 años se declara católico, mientras que 31% no adscribe a ninguna religión. En contraste, entre los mayores de 50 años, el catolicismo conserva la mayoría absoluta con 69%, y sólo 12,6% afirma no tener religión.

Esta segmentación etaria muestra que el escenario religioso argentino es cada vez más fragmentado. Para Esquivel, el alejamiento de las nuevas generaciones respecto a la fe institucionalizada deja atrás el modelo tradicional que moldeó históricamente la sociedad.

 Diferencias de género, nivel educativo y territorio

El estudio destaca una feminización creciente de la religiosidad, especialmente en el ámbito evangélico: 19,3% de las mujeres se identifica con este sector, frente a 15,2% de los hombres. A su vez, los varones tienden más que las mujeres a declararse sin filiación religiosa (25,7% contra 18,8%).

La educación formal influye en el sentido de pertenencia religiosa. Entre quienes cuentan con menor escolaridad, el 22,5% se vincula a comunidades evangélicas, que ejercen funciones de apoyo social y comunitario. En los niveles medio y alto de educación, crece el grupo de personas sin religión.

Desde la perspectiva territorial, el catolicismo sigue siendo mayoritario en el interior, donde alcanza 59,4%, mientras que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) lidera la secularización con un 26,1% de personas sin afiliación religiosa.

El Barómetro sostiene que ya no existe un eje homogéneo que vertebre la identidad colectiva a partir de la tradición católica. El crecimiento de expresiones como “creer sin pertenecer” refleja el auge de formas autónomas de espiritualidad, desvinculadas de instituciones formales.

En el marco del Programa de Participación Popular, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Planificación y Ambiente, y la Dirección de Zoonosis dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, inició las capacitaciones del programa “Promotores Mascoteros”, que promueve la tenencia y cuidado responsable de animales de compañía, y que en su primera etapa está destinado a 50 vecinos de la capital que podrán regularizar deudas municipales relacionadas a los servicios de higiene urbana y mantenimiento de nichos y sepulturas en cementerios.

El programa “Promotores Mascoteros” promueve no solo la tenencia y cuidado responsable de animales domésticos sino también la formación de referentes comunitarios en distintos sectores barriales de la capital, a partir de lo cual se reforzará la política de trabajo en territorio. Con acuerdo a ello, en el Club de Emprendedores se lanzaron las capacitaciones que se desarrollarán a lo largo del año, con instancias teóricas y prácticas, y en las que los vecinos adquirirán herramientas claves para el cuidado de mascotas.

 Al aludir al lanzamiento de la nueva propuesta, la secretaria de Planificación y Ambiente del municipio capitalino, Adriana Díaz, comentó, “esta es la primera experiencia de Promotores Mascoteros y es un trabajo conjunto que hacemos de manera conjunta con la Secretaría de Desarrollo Humano y el área de Zoonosis”. “Para nosotros es muy importante que este programa permita coordinar acciones entre distintas áreas para trabajar con los vecinos, quienes podrán cancelar deudas, pero en este caso lo importante es el aprendizaje en el tema de la responsabilidad con las mascotas y el trabajo que puedan hacer luego en territorio acompañados por el área de Participación Ciudadana”, agregó, tras lo cual expresó conformidad por la participación e interés de los vecinos que se sumaron a la propuesta.

 Remarcó a la vez que, dentro del Programa de Participación Popular, numerosos vecinos se sumaron a la convocatoria, movilizados por su interés en la temática de las mascotas, y reconoció que el acompañamiento vecinal se da, “no porque estén cancelando deudas con el municipio, sino porque les llama la atención y están comprometidos, y eso a nosotros nos permite tener ojos en territorio porque ellos van a seguir trabajando”.

 Por otro lado, celebró la participación de vecinos de distintos barrios, particularmente aquellos que están próximos al distrito centro. Asimismo, y en procura de llegar a todos los barrios de la capital, anticipó que próximamente se realizará una capacitación en el Centro Cultural “Jorge Cafrune” de Alto Comedero.

 Al momento de destacar la coordinación de tareas entre diferentes áreas del municipio, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, mencionó que, en la secretaría, “tenemos una gran área de salud, a la que se incorporó el equipo de zoonosis, y desde aquí bregamos por una comunidad saludable”. En torno a la convocatoria de Promotores Mascoteros, puso de relieve el creciente interés de la población por el cuidado de las mascotas y los vínculos que se generan entre estas y las familias. Con acuerdo a ello, dijo, “vemos que las relaciones con las mascotas son cada vez más fuertes y creo que eso también sirve para mejorar los vínculos con las personas”.

Con similar criterio, valoró el trabajo que viene desarrollando el área zoonosis que, según dijo, “tiene un equipo de trabajo fantástico en lo que hace a la prevención de las enfermedades de los animales, como el tema de la rabia”. “Hay mucho interés vecinal en este programa de Participación ciudadana para capacitarse y ser promotores mascoteros y no solo de perros y gatos”, acotó el secretario.

Luego de cuatro semanas ininterrumpidas de protestas en las calles contra el ajuste ultraliberal, el Congreso de Bolivia habilitó al presidente Rodrigo Paz a declarar el estado de excepción en el país vecino y así poder apelar al Ejército para reprimir a los manifestantes que exigen su renuncia, así como también a restringir libertades y derechos.

Con dos tercios de los votos a favor y tras más de cinco horas de debate en una sesión que se realizó de manera virtual, la Cámara de Diputados de Bolivia eliminó una norma que limitada desde el año 2020 la capacidad del Ejecutivo de declarar el estado de excepción en el país. La iniciativa ya había sido aprobada previamente en el Senado por lo que la ley fue sancionada y Paz ya tiene las manos libres para escalar todavía más el conflicto.

 La ley, ahora derogada, limitaba la posibilidad de decretar el estado de excepción contemplado en la Constitución y establecía límites. Entre estas limitaciones, por ejemplo, las Fuerzas Armadas sólo podían intervenir cuando la Policía hubiera sido superada en su intento por controlar un conflicto. La ley derogada también limitaba a 60 días la duración de la medida. Ahora podrá dictarse el estado de excepción sin limitaciones.

El impulsor de la anulación de la ley 1341, Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, afirmó que esa norma es “criminal” y que tuvo el fin de “desnaturalizar” los estados de excepción frente a situaciones que generan “caos y anarquía” en medio de las protestas sociales.

Según Alarcón, esa norma resguardaba a los “grupos violentos que se atribuyen la representación del pueblo”, por lo que su abrogación da mayor capacidad de acción a las Fuerzas Armadas cuando la Policía se ve rebasada.

 A su vez, el diputado Edwin Valda, de una facción disidente del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), consideró que su abrogación generará “mayor violencia” y que con esto las reivindicaciones sociales quedarán “desprotegidas”.

El Gobierno de Paz aseguró que la declaración del estado de excepción es la “última opción” a la que recurrirá si el diálogo no prospera. La Paz y la ciudad vecina de El Alto concentran las protestas callejeras y bloqueos de rutas que realizan los sectores que exigen la renuncia de Paz, que lleva poco más de seis meses en el Gobierno.