La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) regida por el lema “Por una niñez y adolescencia sanas, en un mundo mejor” que guía sus acciones y decisiones, está comprometida con la defensa de los derechos de los niños , niñas y adolescentes (NNyA) argentinos, a estimular el desarrollo de toda su potencialidad, a entender y abordar las diversas variables que afectan su salud y bienestar, y a fortalecer el conocimiento y habilidades de los médicos pediatras. La SAP trabaja en colaboración con todos los actores relevantes de la sociedad, buscando siempre un enfoque inclusivo y equitativo. Juntos, podemos construir un futuro mejor para nuestros NNyA. (1)
La crisis económica, social y la pobreza, profundizadas en el último quinquenio, exponen inequidades toleradas hasta ahora por parte de nuestra sociedad, no solo en cuestiones sanitarias, sino también en el ámbito social, económico y educativo, que han afectado a las poblaciones más vulnerables. Los preocupantes índices de pobreza y la emergencia alimentaria entre otros parámetros, constituyen una realidad incontrastable. Ser pobre implica ser invisible a toda la sociedad. Ser un niño pobre, es ser aún, más invisible. (2)
Defensa de los derechos de la niñez
Los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” enunciados por la ONU, a los que adhiere nuestro país, establecen las prioridades de crecimiento global para el año 2030. De los 17 objetivos, 5 impactan directamente en la niñez y adolescencia: “Fin de la pobreza”, “Hambre cero”, “Salud y bienestar”, “Educación de calidad”, “Igualdad de género”.
Hoy la SAP observa con profunda preocupación cómo, con motivo de la situación social y económica, se siguen afectando como desde hace décadas, las poblaciones más vulnerables. El presente y el futuro de los NNyA argentinos es hoy más incierto y preocupante. A medida que nos acercamos al año 2030 queda mucho por hacer para que los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” se hagan realidad. Para lograr el hambre cero, una buena salud y bienestar para todos, se debe afrontar seriamente la carga de las inequidades sociales, educativas y de salud de la niñez y adolescencia en Argentina.
Observamos, al igual que gran parte de la sociedad, una vulneración preocupante de los derechos de los NNyA en nuestro país. Lamentablemente no está en la agenda de las políticas públicas desde hace años. El Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de la Sociedad Argentina de Pediatría, en convenio con UNICEF, y el Barómetro de la deuda social de la infancia de la UCA, desempeñan un papel crucial al proporcionar información accesible y análisis epidemiológicos detallados, lo que permite generar acciones concretas para proteger a la infancia. Las cifras están. Se deben planificar las acciones en consecuencia.
Pobreza
La pobreza genera una profunda vulneración a los derechos humanos y de la niñez. Quienes viven en situación de pobreza no gozan de manera plena del ejercicio de sus derechos y, por ende, no cuentan con igualdad de oportunidades para acceder a la salud, educación, vivienda, seguridad social u otras prestaciones esenciales para tener una vida digna.
La pobreza infantil en el tercer trimestre de 2023 se estima en 55% (con jurisdicciones que superan el 80%) y la indigencia en 15,7% con cifras estimadas en aumento para 2024. (6) Más de la mitad (51,4%) de los NNyA de 0 a 14 años son pobres. La carencia de red de cloacas afecta a casi el 38% de los hogares de los NNyA en el país, 15% no dispone de agua corriente y más de la mitad reside en viviendas sin acceso a la red de gas. Este problema aqueja particularmente a quienes pertenecen a los estratos sociales más vulnerables. (7) En las estadísticas que expresan promedios, se ocultan cifras más contundentes de la desigualdad de oportunidades. En los estamentos sociales con más bajo nivel educativo y con menor contención en la estructura familiar, los números son aún más preocupantes.
La pobreza impacta en los vínculos familiares, en el juego y en el acceso a la escolaridad, exponiendo a padecer adversidades tempranas asociadas a deficiencias posteriores en el aprendizaje, comportamiento, bienestar físico y mental, efectos que se profundizan mientras mayores sean las carencias.
La SAP ha puesto a la pobreza entre los ejes de su gestión, desde hace al menos 10 años, utilizando todos los recursos para hacerla visible, para que forme parte de la agenda de todos los ciudadanos de nuestro país y de quienes toman las decisiones políticas sobre el tema. Es fundamental que haya un consenso en toda la sociedad sobre la necesidad urgente de reducir progresivamente la pobreza en la niñez en todas sus dimensiones. Abordar la problemática de la pobreza infantil en la Argentina debe ser una prioridad. Es necesario que la niñez y adolescencia estén en la agenda nacional.
Alimentación
La emergencia alimentaria, que existe en nuestro país desde 2002 según el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 108/2002, representa una situación que expresa crudamente la inequidad social, afectando a los estratos más pobres y especialmente a la infancia y la adolescencia. Una alimentación inadecuada repercute en el crecimiento, el desarrollo y la salud integral. Hoy en la Argentina, la inseguridad alimentaria afecta al 64,5% de NNyA con un aumento sostenido desde 2004. (8) Esta situación requiere de acciones inmediatas y sostenibles en el tiempo. El hambre en general y en especial de un niño es inadmisible.
Vacunas
Resulta preocupante que, a pesar de observarse una lenta recuperación pos pandemia, las vacunas aplicadas en lactantes para completar el esquema primario, sigan siendo iguales o inferiores al 80%, 15 puntos por debajo de la meta óptima del 95% necesaria para alcanzar una cobertura universal o de rebaño. Cifras oficiales muestran que, para fines de 2023, 112.000 niños de 0 a 5 años no habían recibido ninguna vacuna y 37.000 tenían el esquema incompleto.
Esta brecha representa un riesgo significativo para la salud pública en general y para los niños en particular, con consecuencias directas en el aumento de casos de enfermedades prevenibles por vacunación, como la meningitis bacteriana. (1, 9)
Esta es una tarea urgente y prioritaria que debe ser afrontada con políticas públicas que alcancen a la totalidad de los NNyA, en todas las jurisdicciones del país.
Educación
El impacto de la pobreza y la exclusión social se agiganta cuando se pone la mirada en la infancia y su incidencia en la educación. Las políticas educativas actuales no logran garantizar la continuidad escolar y es preocupante la calidad de la educación primaria y secundaria en un entorno de pobreza y marginalidad, en la que muchos de las NNyA del país hoy se encuentran.
Si bien la mayoría de los niños de 6 a 17 años de entornos urbanos asisten a escuelas estatales, un niño o niña de 3 a 5 años en el estrato social más bajo tiene 3,5 veces menos posibilidades de asistir a un centro educativo en comparación con sus pares en el estrato medio o alto. Un adolescente del estrato social más bajo tiene casi 5 veces más probabilidades de estar fuera de la escuela o con sobre-edad en comparación con sus pares del estrato medio-alto y 53,6% de ellos no asiste a la escuela secundaria. (8) Por otro lado, según las pruebas Aprender, 7 de cada 10 jóvenes que terminan la escuela secundaria no alcanzan los niveles de conocimiento satisfactorios de matemáticas y 4 de cada 10, en Lengua.
Desafíos de la adolescencia
Los mayores riesgos actuales entre los adolescentes son las adicciones y los consumos problemáticos. El consumo de alcohol y drogas ilícitas en aumento desde 2010, se ha incrementado especialmente en la pos pandemia. La mitad de los adolescentes de 16 a 17 años bebieron alcohol en los últimos 30 días. Resulta alarmante que 4 de cada 10 adolescentes de 13 a 17 años haya probado alguna droga ilegal antes de los 14 años.
En paralelo a la crisis económica y al empeoramiento de la situación socioeconómica, se está generalizando la violencia urbana, coincidiendo con el aumento del consumo problemático, con el consiguiente crecimiento exponencial de la violencia por la acelerada expansión del narcomenudeo. El fenómeno de la venta de drogas afecta al 61,1% de los NNyA que viven en barrios marginales. (6)
La inseguridad y la presencia de drogas en los vecindarios representan barreras significativas para aspectos fundamentales de la socialización de los NNyA ya que limitan su capacidad de jugar en espacios públicos y de desplazarse de forma autónoma hacia la escuela u otros lugares. Estas situaciones coexisten con alta deserción escolar.
Se requiere la implementación de políticas públicas enfocadas a atender, prevenir, sancionar y eliminar el impacto de la violencia armada y el narcotráfico en NNyA, así como estrategias para reducir los riesgos asociados.
El embarazo adolescente es otro desafío pendiente. En Argentina el 70,8% de los embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años no son intencionales y en las menores de 15 años la cifra aumenta a 80%, en general producto de abuso sexual y violación. (10) Los embarazos y las maternidades en la adolescencia resultan más frecuentes entre quienes tienen menor nivel educativo, lo cual expone una desigualdad social y económica previa a estos fenómenos. El embarazo no intencional se asocia fuertemente con la deserción escolar y tiene implicancias a largo plazo en las posibilidades de inserción laboral de estas madres adolescentes.
La “Educación Sexual Integral” es una herramienta importante para prevenir los embarazos adolescentes y el abuso sexual, pero su implementación efectiva es aún una deuda pendiente.
El trabajo doméstico intensivo de adolescentes al cuidado de sus hermanos que pierden la escolaridad, y la participación en el mercado laboral de NNyA es preocupante. Desde el año 2008, la Ley Nacional N° 26.390 prohíbe el trabajo infantil en menores de 16 años. Hoy, el 10% de la población entre 5 y 15 años (763.543 niños) realiza alguna actividad económica o estrategia de supervivencia, sea ésta remunerada o no, llegando al 12,8% en el estrato social más bajo. La tasa de repitencia es el doble en aquellos NNyA que desarrollan actividades productivas. Debe darse visibilidad a esta situación social, que es inadmisible.
La salud mental de NNyA
Las emergencias de salud mental y conductual están aumentando entre los niños y jóvenes. Reducir el estigma en torno a las enfermedades de la salud mental y garantizar el acceso a servicios de salud de calidad es un derecho que se debe respaldar. En Argentina, se suicidaron 383 adolescentes en el año 2020, de los cuales 9 de cada 10 se produjeron entre los 15 y los 19 años. En este grupo, el suicidio representó la principal causa externa de muerte (30%), seguido por los eventos de intención no determinada y los accidentes de tránsito, superando en más de 8 veces a las tasas de los niños de 10 a 14 años.
Un entorno favorable, una nutrición adecuada y estímulos sensoriales, cognitivos y emocionales apropiados, contribuyen al desarrollo de un cerebro con funciones más integradas y complejas. Las condiciones socioeconómicas adversas pueden llevar al establecimiento de trastornos físicos y mentales en los niños como trastornos del desarrollo, trastornos alimentarios e intentos de suicidio, entre otros. Es esencial abogar por un entorno positivo y apoyar la inversión en salud pediátrica, especialmente en salud mental.
Los servicios de emergencia son el primer, y en ocasiones el único, punto de atención para un número creciente de jóvenes con emergencias de salud mental. Se necesitan soluciones compasivas y colaborativas para mejorar los enfoques locales y nacionales para prevenir y tratar emergencias mentales y conductuales de nuestros jóvenes.
Mortalidad en NNyA
Según los datos más recientes, la tasa nacional de mortalidad infantil en 2021 fue de 8 por 1000 nacidos vivos, en descenso. Sin embargo, algunas jurisdicciones aún presentan tasas superiores a este promedio. Este descenso se logró a expensas de la mortalidad neonatal, sin lograr una disminución en el periodo post-neonatal. El 73,2% de los niños menores de 1 año fallecidos en su domicilio pertenecen a hogares con necesidades básicas insatisfechas.
Más de la mitad de las muertes de niños y adolescentes se deben a causas externas como el suicidio y los accidentes de transporte. En el año 2020 fallecieron 239 NNyA por accidentes de tránsito, de los cuales el 85% tenía entre 15 y 19 años, con un promedio de 266 muertes al año entre 2010 y 2019
Se requiere continuar con el desarrollo de políticas públicas orientadas a disminuir la mortalidad infantil evitable, en todas sus esferas.
Los primeros 1000 días de vida del niño
Este período de la vida de un niño representa una oportunidad única para construir la salud en el curso de la vida y alcanzar un desarrollo pleno en la vida futura.
La SAP promueve una adecuada nutrición materna, lactancia exclusiva sostenida hasta los 6 meses, actividad física, hábitos y entornos saludables, cuidado receptivo y sensible, y oportunidades de aprendizaje temprano ya que constituyen los pilares durante esta ventana de 1000 días. La SAP insta a la autoridades locales, provinciales y nacionales a continuar con políticas públicas que tengan como eje los cuidados en esta etapa crucial de la vida de un niño.
La diputada Natalia Guevara del bloque Frente Cambia Jujuy recibió a referentes de la Asociación de Mujeres Taxistas Jujuy (AMT) con quienes conversó sobre la innovadora propuesta para las usuarias de la ciudad Capital. Destacó el emprendimiento y sostuvo que trabajará en un proyecto de declaración con el objetivo de visibilizar la iniciativa para que se replique en el interior de la provincia.
La legisladora sostuvo que la declaración de interés será importante para potenciar la propuesta, “creo que es importante poder visibilizar el trabajo que hacen las chicas de Taxifem en la Capital. Desde nuestra banca, desde nuestro bloque, vamos a declarar de interés la labor que hacen las chicas”, remarcó.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres Taxistas Jujuy, AMT, Rocío Lorena Pérez, comentó que ofrecen un servicio exclusivo para mujeres pasajeras a través de WhatsApp y otras redes sociales. Actualmente cuentan con 33 choferes habilitadas y buscan seguir creciendo para brindar un servicio seguro y de calidad.
La dirigente instó a que más mujeres se sumen al proyecto, “que se animen a conducir un taxi, donde nosotras las podemos contener, ayudarlas, capacitarlas, para que estén al servicio del transporte alternativo”, destacó.
Pérez sostuvo que uno de los objetivos de la propuesta es ampliar a nivel provincial, propósito que comentó a la legisladora, además de “exponer el servicio que ya estamos brindando, que es un servicio exclusivo de mujeres taxistas para las pasajeras. La iniciativa surgió hace seis meses debido a la falta de servicio en el taxi y la necesidad de generar ganancias para mujeres jefas de hogar”, concluyó.
Se trata del padre Javier Olivera Ravasi, hijo de un militar condenado, que habría alentado la realización del encuentro en el penal de Ezeiza.
Mientras continúa la investigación judicial de la visita de seis diputados libertarios a represores en la cárcel de Ezeiza, entre cuyos gestores aparece el sacerdote Javier Olivera Ravasi, la iglesia decidió apartar al cura.
El sacerdote fue echado de la Diócesis de Zárate-Campana, con el argumento de las “numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes que se oponían al testimonio cristiano”. La sanción se tomó luego de que la propia Conferencia Episcopal emitió un comunicado tomando distancia de las gestiones que hizo el cura y de fuertes gestos del papa Francisco que recibió a víctimas de la última dictadura militar.
“Dado que en reiteradas ocasiones se recibieron en este Obispado numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano -máxime proviniendo de un sacerdote-, se le pidió un cambio de actitud y comportamiento en su proceder. Al no observarse hasta el presente el cambio requerido en su actitud, y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta Diócesis de Zárate-Campana así como por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes, se le ha comunicado que en adelante no tiene autorización para residir en esta Diócesis”, informó en un comunicado.
Quién es el padre Javier Olivera Ravasi
El sacerdote Olivera Ravasi tiene 47 años y es hijo del mayor Jorge Antonio Olivera, quien cumple prisión domiciliaria por su participación en delitos de lesa humanidad y permaneció prófugo durante cuatro años tras fugarse en 2017 del Hospital Militar Central, del barrio de Palermo.
Según trascendió, el cura habría alentado el acercamiento de los legisladores con los represores encarcelados, entre los que se contaban los exmarinos Alfredo Astiz, Antonio Pernías y Adolfo Donda, el exagente de inteligencia Raúl Guglielminetti y Carlos Guillermo Suparez Mason (h.), cuyo padre fue símbolo de la represión militar.
Además tiene una tiene una fundación llamada San Elías, una asociación civil constituida en 2016 para “predicar la verdad católica con honestidad evangélica”, a través de obras apostólicas y la formación de comunidades cristianas. Con el lema “Que no te la cuenten”, promueve una “cruzada de la contrarrevolución cultural y espiritual”.
Olivera Ravasi tiene una activa participación en las redes sociales y cuenta con 80.000 seguidores en su cuenta de X. Tiene a su cargo una capilla en el barrio privado San Benito, en Ingeniero Maschwitz, en un desarrollo inmobiliario del empresario Jorge O’Reilly, a quien siempre se vinculó con sectores conservadores de la Iglesia argentina.
Semanas después de la polémica reunión en la cárcel de Ezeiza, el papa Francisco recibió durante más de una hora a Anita Fernández, hija de Ana María Careaga,quien estuvo secuestrada cuando estaba embarazada. Es, además, nieta de Esther Balestrino de Careaga, víctima de los “vuelos de la muerte”, luego de su desaparición, tras la infiltración de Astiz en el grupo de madres que se reunía en la Iglesia de la Santa Cruz.
El encuentro de Francisco con la nieta de Balestrino de Careaga, a quien Jorge Bergoglio había conocido en su juventud, fue interpretado como un “gesto de acompañamiento” del Papa a las familias de los desaparecidos, tras la señal de acercamiento de los diputados libertarios con los represores.
El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, disertó en el Ciclo 2024 de Conferencias de Ciudades Latinoamericanas organizado por la Sociedad de las Américas/Consejo de las Américas y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, oportunidad en la cual mostró ante empresarios locales y multinacionales, entidades bancarias, profesionales corporativos, emprendedores y académicos, las perspectivas económicas, políticas, jurídicas y sociales de Jujuy, abordando particularmente su alto potencial en el campo de las energías renovables y la producción de recursos críticos que demanda el proceso de transición energética mundial, condición que la hace especialmente viable para el desarrollo de proyectos de inversión.
El gobernador jujeño compartió dicho espacio con sus pares de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Neuquén, Rolando Figueroa; y de Chubut, Ignacio Torres; bajo el rol moderador del presidente de la Sociedad de las Américas/Consejo de las Américas, Martín Genesio.
En este escenario, Sadir puso en relieve las inversiones mineras que están en marcha en Jujuy, particularmente en el rubro litio, las cuales se encaminan a ampliar merced a los alcances del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), resaltando que “derramarán condiciones de desarrollo hacia otros sectores productivos e industriales, favoreciendo la constitución de cadenas de proveedores y la absorción de mano de obra local”.
Asimismo, hizo especial referencia a las “políticas públicas de promoción del litio”, las cuales “se sustentan en intereses y decisiones comunes que se gestan en la órbita de la Mesa del Litio”, espacio de construcción de consensos que Jujuy comparte con Salta y Catamarca, provincias insertas en el denominado “triángulo del litio”.
“La experiencia de la Mesa del Litio resultó sumamente positiva para la actividad económica de la región, planteándose un modelo de trabajo conjunto”, subrayó y reivindicó la vocación de no discutir ideología y, en todo caso, “sí privilegiar el futuro de Jujuy, Salta y Catamarca a partir de su potencial común”.
En otro pasaje de su exposición, Sadir abordó el “crecimiento que experimenta el turismo” en Jujuy, “parado sobre una oferta que conjuga historia, cultura, patrimonio natural e identidad, incorporando ahora innovación tecnológica con el Tren Solar de la Quebrada”.
Finalmente, el gobernador planteó el desafío de “profundizar el trabajo conjunto” entre Nación y las administraciones provinciales, desde el convencimiento de que “sobre esta base se podrá construir colectivamente las soluciones que exigen los problemas imperantes en el país”.
La iniciativa busca garantizar que la actualización del presupuesto no pueda nunca ser menor a la inflación registrada el año anterior.
En el marco de la maratónica sesión que comenzó el miércoles en Diputados, la oposición logró asestarle un duro golpe a la política de ajuste el gobierno de Javier Milei sobre la educación y dio media sanción al proyecto que busca, instituir por ley, el financiamiento mínimo que deberá garantizarse año tras año a las universidades públicas y gratuitas.
Con 143 votos afirmativos y 77 negativos, fue aprobado en general el segundo dictamen de minoría de la Ley de Financiamiento Universitario, propuesto por el bloque de la Unión Cívica Radical.
El proyecto redactdo por la diputada Danya Tavela contaba con las firmas de la Unión Cívica Radical (UCR), Encuentro Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal.
La iniciativa propone que se garantice una actualización base del presupuesto universitario equivalente en la inflación del año anterior, medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y una indexación bimestral usando un coeficiente que combine un 50% de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 25% de la variación del dólar y otro 25% de las tarifas de servicios públicos.
También propone una recomposición salarial para docentes y no docentes con base en el IPC, pero de manera subsidiaria a la paritaria colectiva.
El proyecto establece además una modificación del artículo 58 de la Ley de Educación Superior y dicta la obligatoriedad de la Auditoría General de la Nación (AGN) de realizar auditorías en el Congreso nacional sobre las erogaciones de las universidades nacionales.
Previamente había sido rechazado, con 120 votos negativos por sobre 90 positivos, el proyecto de mayoría presentado por Unión por la Patria (UP).
El dictamen de mayoría de UP proponía actualizar bimestralmente las partidas presupuestarias, pero incorporaba otros ítems que generaban mayor costo fiscal como la ampliación de los beneficiarios y de los montos de las becas Progresar.
Además, el proyecto del kirchnerismo incorporaba un artículo que explícitamente obligaba a recomponer los salarios de docentes y no docentes universitarios.
“El Poder Ejecutivo dispondrá una inmediata actualización de las partidas presupuestarias relativas a los salarios docentes y no docentes universitarios a los efectos de recomponer el poder adquisitivo de los y las trabajadoras y actualizar la garantía salarial docente del sector”, señalaba el texto.
En tanto, la iniciativa preveía la actualización presupuestaria para ciencia y técnica, desarrollo de proyectos especiales, desarrollo de institutos tecnológicos y extensión universitaria.
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