La polémica en torno a la denominada Ley de Inocencia Fiscal sumó un nuevo capítulo tras conocerse que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni (junto a su esposa, Bettina Angeletti) decidieron adherirse al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias impulsado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Este mecanismo voluntario confecciona una declaración preliminar con los datos del fisco y simplifica el trámite de presentación. Sin embargo, la medida encendió las alarmas debido a que permite ordenar las declaraciones juradas del pasado y evitar sanciones penales por incumplimientos tributarios previos.

La lista de los miembros del oficialismo que optaron por este sistema se extendió rápidamente. Además del matrimonio Adorni, se incorporaron Aimé "Meme" Vázquez (jefa de asesores de la Jefatura de Gabinete), el cineasta presidencial Santiago Oría, el senador libertario y economista Agustín Monteverde, el titular de la propia ARCA, Andrés Vázquez, y el ex diputado José Luis Espert. Este último, recordamos, debió declinar su candidatura en la Provincia de Buenos Aires tras difundirse sus vínculos con el empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico y lavado de dinero. 

También apareció en la nómina el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Desde su entorno salieron a justificar la decisión de inmediato, argumentando que "más de 80.000 argentinos ya adhirieron a este régimen" y que el funcionario simplemente utilizó una herramienta lícita y disponible para cualquier contribuyente que reúna las condiciones previstas por la normativa de ARCA, descartando cualquier tipo de irregularidad en la presentación. 

A pesar de las justificaciones oficiales y de que el propio Adorni aclaró ante sus colaboradores que no ingresará a "ningún blanqueo", la oposición cuestionó con dureza la medida. El diputado radical Martín Lousteau advirtió que el mecanismo "torna ciego al fisco" para detectar cambios patrimoniales no sustentados en ingresos en blanco. Según el legislador, la norma funciona como una pantalla donde "funcionarios corruptos o el narco" pueden bloquear investigaciones fiscales sobre cómo construyeron su patrimonio, disfrutando de ingresos no declarados. 

Tras más de dos años y medio de reclamos y cuatro marchas federales que movilizaron a miles de personas en todo el país, el Gobierno nacional convocó este miércoles a una nueva mesa paritaria con representantes de las universidades nacionales y presentó una propuesta de actualización salarial para docentes y trabajadores nodocentes. Del encuentro participaron autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y representantes de las organizaciones gremiales, quienes ratificaron una recomposición salarial del 24,33 % para el sector. El incremento se aplicará en dos etapas: un 21,33 % durante junio, sobre los salarios básicos vigentes a mayo de 2026 —lo que también tendrá incidencia en el cálculo del aguinaldo— y un 3 % adicional en octubre, calculado sobre los haberes de septiembre.

Además, se estableció que la mesa paritaria volverá a reunirse el 15 de septiembre y que las negociaciones salariales se retomarán, como máximo, cada tres meses, tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC y la necesidad de continuar con la recuperación del poder adquisitivo perdido durante 2024.

En el plano presupuestario, el Ejecutivo también anunció un incremento del 20 % en los fondos destinados al funcionamiento de las universidades nacionales, una suba del 50 % en las becas Manuel Belgrano y una partida adicional para los hospitales universitarios prevista dentro del presupuesto 2026.

No obstante, desde el Consejo Interuniversitario Nacional consideraron que las medidas representan un avance, aunque advirtieron que no alcanzan para resolver los problemas de fondo que atraviesa el sistema universitario. En ese sentido, remarcaron que la actualización salarial y presupuestaria constituye un paso importante, pero insuficiente frente a las necesidades estructurales del sector.

Mientras un sector intenta mostrar a la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy como una entidad quebrada y cerrada en sí misma, la realidad muestra una institución que próximamente terminará de pagar una deuda histórica de 48 millones de dólares y que acaba de centralizar el 100% del acopio trazable de la provincia. La prórroga de la ley 5918 de emergencia tabacalera no pretende castigar la eficiencia; es el cierre definitivo de un rescate financiero histórico. Quienes atacan los mecanismos de fiscalización de la norma extrañan el manejo discrecional de recursos y el descontrol administrativo del pasado. Desacreditar este esfuerzo con falsedades no sólo pretende asfixiar financieramente a la Cooperativa en un contexto de mercado complejo, sino que también pone en riesgo el sustento de miles de familias rurales al debilitar al sector productivo formal.

Sobre la "ineficiencia" y el desendeudamiento:

Hablar de ineficiencia es ignorar deliberadamente los números: esta administración recibió una institución ahogada con 48 millones de dólares de deuda y hoy, gracias a una gestión transparente, estamos pagando las últimas cuotas para dejar a la Cooperativa con deuda cero en el primer semestre de 2027.

La Cooperativa no le cuesta dinero a los jujeños; al contrario, cumple en tiempo y forma con sus compromisos. El respaldo del Estado Provincial gestionado en su momento fue para evitar el colapso de una de las principales industrias de Jujuy. Cumplir con las cuotas del crédito obtenido en Banco de la Nación Argentina no es "financiar la ineficiencia", es honrar las deudas para liberar las garantías.

Sobre el mito de la "Sociedad Anónima de unos pocos":

Es una falacia jurídica y maliciosa confundir una Sociedad Anónima con una Cooperativa. La Cooperativa es de todos los productores socios, y las puertas están abiertas para los que quieran trabajar y no para los que buscan hacer tribuna demagógica. Los socios y proveedores de nuestro padrón se corresponden con el 75% del total de los productores registrados en la Provincia.  La CTJ procesa y unifica el 100% del tabaco trazable de la provincia, defendiendo activamente el valor de la producción de los productores de Jujuy, sean socios o no.

Si somos 'unos pocos', ¿cómo se explica que en enero de este año hayamos logrado el hito histórico de acopiar y procesar el 100% del tabaco trazable de Jujuy? Massalin, Alliance One y los productores independientes confían en nuestra infraestructura porque es de primer nivel sudamericano.

Luego de semanas de fuertes cruces políticos, polémicas, promesas incumplidas y plazos vencidos, y casualmente a horas del inicio del Mundial 2026, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó formalmente su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción (OA). En una entrevista televisiva brindada este miércoles por la noche, el propio integrante estrella del Ejecutivo confirmó la noticia, pero lo que más llamó la atención fueron sus llamativas declaraciones sobre el origen de sus fondos y su situación fiscal.

Adorni detalló que el grueso de su patrimonio se construyó a partir de operaciones con criptomonedas. De manera inédita para un funcionario de su rango, reconoció haber mantenido esos activos fuera de la supervisión estatal durante un largo período.

"Gané gran parte de mi dinero gracias a una inversión en Bitcoin, el cual tenía en negro como todos los argentinos", lanzó el jefe de Gabinete sin filtros, para intentar justificar las controversias.

La confirmación de la declaración jurada coincide con información clave que trascendió durante la jornada de este miércoles respecto a los movimientos impositivos de su entorno más íntimo.

Según se conoció, el funcionario, en conjunto con su esposa, tomó la decisión de regularizar su situación frente al fisco recientemente. Para ello, la pareja se adhirió al régimen simplificado de Ganancias, una de las principales herramientas que habilitó la denominada ley de Inocencia Fiscal impulsada por la actual administración para incentivar la declaración de capitales no registrados.