La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) se presentaron ayer −en tiempo y forma− ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) como amicus curiae en apoyo al Título IV Trabajo del DNU 70/2023 “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”.

 A partir de la declaración de inconstitucionalidad del Título IV (artículos 53 a 97) del DNU por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y encontrándose en estudio por parte de la CSJN, las tres entidades empresarias expresan la necesidad de derogar todos los artículos que contemplan multas económicas y que son los principales generadores de la litigiosidad laboral en la República Argentina (artículos 8, 9, 10 y 15 de la Ley 24.013; 1 y 2 de la Ley 25.323; y 80 de la Ley 20.744, conforme el texto ordenado por la Ley 25.345).

 Los artículos detallados dificultan la generación de empleo genuino, al enfrentar a las pymes con la contingencia de afrontar una erogación que el propio negocio es incapaz de generar. Las multas económicas aludidas provocan una afectación económica de enorme relevancia, comprometiendo seria, injusta y desproporcionadamente a las empresas y a la sociedad en su conjunto.

 Medularmente se expuso que las multas de las leyes 24.013, 25.323 y 25.345 fueron el peor error de política legislativa en materia social y económica de la historia del derecho del trabajo en la Argentina, en tanto disuaden a los empleadores de contratar de un modo muy trascendente.

 La opinión y la colaboración manifestadas por SRA, CAME y CONINAGRO es únicamente relativa a la parte del derecho individual del trabajo, excluyendo de forma expresa toda vinculación con el Derecho Colectivo del Trabajo. Cabe destacar que se anexaron informes en materia económica que justifican el escrito ante la CSJN.

El Gobierno nacional decidió eliminar el Potenciar Trabajo y el anuncio se hizo mediante la publicación del decreto que lleva la firma del presidente Javier Milei.

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de la ministra Sandra Pettovello, anunció la redefinición y segmentación del Plan Potenciar Trabajo en dos programas especializados: el "Programa Volver al Trabajo" y el "Programa de Acompañamiento Social".

“Se trata de un nuevo paso decisivo hacia la optimización de la estrategia de inclusión social y laboral que tendrá el Ministerio”, aseguró Pettovello y explicó que “Potenciar Trabajo fue un plan ineficaz donde de 1.400.000 beneficiarios apenas el 1.3% consiguió un empleo formal”.

El “Programa Volver al Trabajo” se orienta a la población de 18 a 49 años y apunta a fortalecer las habilidades laborales y mejorar la empleabilidad, con el fin de incorporar a estos individuos al mercado de trabajo formal. Se estima que alrededor del 75% de los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo pasarán a este nuevo programa que, a través de un enfoque integral, proporcionará orientación y asistencia en la búsqueda de empleo, servicios de intermediación laboral, capacitación, certificación de competencias, y promoción de emprendimientos productivos.

Esta política, permitirá ser beneficiario del programa y mantener un empleo formal registrado, con ingresos de hasta tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM).

Por otro lado, el “Programa de Acompañamiento Social” está centrado en los mayores de 50 años y en las madres de cuatro o más hijos, dos grupos con desafíos particulares en términos de inclusión y que requieren de un apoyo integral. Esta iniciativa no solo proporcionará asistencia inmediata, sino que también buscará empoderar a estos individuos a través de un acompañamiento en la construcción de capacidades y el fortalecimiento familiar.

Es importante destacar que, aunque los beneficiarios sean segmentados en uno de los programas, aquellos que estén en el “Programa de Acompañamiento Social” y estén interesados en participar en “Volver al Trabajo” tienen la libertad de hacerlo. Esto se alinea con la lógica de promover la autonomía y la libertad de elección de los individuos para buscar mejorar su situación laboral y de vida.

Principales cambios:

Los nuevos programas implementarán mecanismos que reduzcan la posibilidad de control y manejo discrecional de los recursos que tenían las Unidades de Gestión encargadas de coordinar y administrar las prestaciones y proyectos del programa.

Con Potenciar Trabajo, estas unidades recibían cerca de U$D 34 millones anuales para la realización de cursos y otras actividades que, según los informes, no resultaron efectivos en la promoción de empleabilidad o en la generación de empleo. Además, se eliminará el sistema de planillas de asistencia que permitía a estas unidades ejercer un control sobre quién recibía los pagos y quién no, facilitando así la intermediación.

La estabilidad en el número de beneficiarios a lo largo del desarrollo de Potenciar Trabajo, lejos de reflejar una gestión exitosa, demuestra la incapacidad para generar verdaderas oportunidades de desarrollo. Las causas de baja más significativas no se deben a una exitosa inserción laboral sino a procesos de fiscalización y control, que resultaron en la identificación de cerca de 50.000 casos de incompatibilidad, gracias a las denuncias de la justicia y al cruce de datos entre las bases del Potenciar, Synthesis y ANSES. A su vez, un número equivalente de bajas se atribuye a circunstancias inevitables como el fallecimiento o el alcance de la edad máxima permitida para participar en el plan.

De acuerdo con la información relevada, de un total de 1.400.000 participantes del Plan Potenciar Trabajo, solo el 1.3% consiguió transitar hacia un empleo formal. Esta situación puso de relieve la necesidad de revisar y optimizar el programa, implementando estrategias más efectivas que faciliten la integración de los beneficiarios al mercado de trabajo.

En un esfuerzo conjunto por abordar la problemática de la violencia de género, la ciudad de Humahuaca fue escenario de un importante encuentro que congregó a mujeres, hombres y jóvenes interesados en la prevención de esta problemática social.

Durante la jornada, impulsada por el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el Respeto a las Diversidades, la Secretaria de Equidad, Diversidad y Promoción de Derechos Victoria Luna Murillo, compartió los servicios que brinda este organismo a la comunidad y destacó relevancia de que posea un rango constitucional, conforme lo establece el artículo 234 de la Constitución Provincial.

En esa oportunidad, también se abordaron los diversos tipos de violencia hacia las mujeres, brindando información sobre los canales para denunciar cualquier vulneración de derechos.

Asimismo, se proporcionó orientación sobre la ubicación de los centros de atención Integral de la violencia de género que estan distribuidos en toda la provincia . Además, se generó un rico intercambio con los profesionales del centro de Humahuaca, quienes compartieron su experiencia en la asistencia a mujeres en situación de riesgo.

 Próximamente, se llevarán a cabo charlas sobre masculinidades, atendiendo a la solicitud de los asistentes, y se coordinarán acciones con las fuerzas de seguridad pública del Ministerio de Seguridad. Esta iniciativa cuenta con el apoyo y la colaboración de la Fundación Construir Futuro, que ha venido desempeñando un papel fundamental en la formación para prevenir la violencia hacia mujeres, jóvenes y niñas.

 Este encuentro representa un paso significativo en la lucha contra la violencia de género, fomentando la conciencia y la acción colectiva en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria para todos sus miembros.

El sumo pontífice participó de la inauguración de una ONG de jueces. Es su primera manifestación pública luego de la reunión que mantuvo con Javier Milei en el Vaticano. “No alcanza con la legitimidad de origen”, consideró

“No alcanza con la legitimidad de origen, el ejercicio también tiene que ser legítimo. De qué sirve tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas”. Esta frase fue el eje central del mensaje que compartió hoy el Papa Francisco, en ocasión de la inauguración de la sede porteña del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) y del Instituto Fray Bartolomé de las Casas, una suerte de ONG de magistrados.

 Estas palabras resultan la primera manifestación pública del sumo pontífice luego de la reunión con el presidente Javier Milei en el Vaticano. En otro pasaje de su intervención, un video grabado de poco más de 4 minutos, indicó que “los derechos sociales no son gratuitos, la riqueza para sostenerlos está disponible, pero requiere de decisiones políticas adecuadas” y, en este marco, consideró que “el Estado es hoy más importante que nunca y está llamado a ejercer el papel central de redistribución y justicia social“.

El Para Francisco durante el mensaje grabado que se difundió este miércoles

El mencionado evento se realizó en avenida Huergo al 1100, y contó con la presencia de todo el arco del Poder Judicial de la Nación, desde jueces que condenaron a Cristina Kirchner hasta magistrados y juristas que militan en la organización Justicia Legítima. También con funcionarios y dirigentes políticos varios sectores.

Varios de ellos vincularon el mensaje de Francisco con la realidad política argentina y el proceso político encabezado por el presidente Milei, sobre todo cuando se refiere a “la legitimidad de origen”. “Les pido firmeza y decisión frente a los modelos deshumanizantes y violentos”, finalizó el sumo pontífice.

Entre los invitados a la inauguración se destacaron monseñor Gustavo Carrara, vicario general del Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires; Stella Maris Martínez; defensora general de la Nación; María Lorena Segovia, defensora general de Paraguay; María Julia Correa, presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Genoveva Ferrero, secretaria de Administración General y Presupuesto del Consejo de la Magistratura CABA; Karina Leguizamón, Luis Duacastella Arbizu y Fabiana Schafrik, del Consejo de Magistratura porteño, y Alicia Ruiz y Marcela De Langhe, juezas del Tribunal Superior de Justicia CABA.

El papa Francisco durante su audiencia semanal en el salón Pablo VI, en el Vaticano, el 28 de febrero de 2024. (AP Foto/Andrew Medichini)

También fueron convocados el ministro de Justicia bonaerense y miembro de La Cámpora, Juan Martín Mena; Carolina Stanley, asesora general tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Maximiliano Benítez, defensor general de Entre Ríos; Jorge Canteros, procurador general de Chaco; Marisa Graham, defensora de Niñas, Niños y Adolescentes; Martín Ocampo, procurador General de la Ciudad de Buenos Aires; Gabino Tapia, ministro de Justicia porteño; y Gabriela Alejandra Vázquez, presidente de la Cámara Nacional del Trabajo.

Además, participaron Andrés Fabián Basso, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional; Martín Rivas, presidente del Colegio de Abogados de La Matanza; los diputados Vanesa Siley y Sergio Omar Palazzo; Héctor Daer, secretario General de la CGT; Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación; Alberto “Beto” Pianelli, secretario general Sindicato de Trabajadores de Subte y Premetro; y Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos.

La COPAJU, según se informó oficialmente, se constituyó el 4 de junio de 2019 en la Ciudad del Vaticano, “bajo la inspiración de las palabras de Francisco, quien la suscribió personalmente”. Mediante quirógrafo papal publicado en el Boletín de la Santa Sede del 18 de agosto de 2023, el Papa constituyó al Comité Panamericano como Asociación Privada de Fieles de carácter internacional y como persona jurídica dentro del ordenamiento canónico