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La secretaria de Energía, Flavia Royon, expreso que a partir del 1 de mayo no hay más subsidios para los hogares que no los pidieron o los de altos ingresos, algo que se va actualizando. Desde la semana que viene vamos a estudiar cómo la devaluación afectó a los costos de generación de energía eléctrica y va a haber una actualización”, destacó Royon.
Además, dijo también que la suba del precio de la nafta para YPF y el acuerdo que anunció ayer Sergio Massa con las petroleras, que fijó el precio hasta luego de las elecciones, fue consecuencia del salto cambiario. La funcionaria también habló de la posibilidad de nuevos aumentos desde noviembre, cuando vence el convenio rubricado ayer.
Ayer Infobae había adelantado que estaba analizando en impacto de la suba del dólar en las tarifas, tanto en la ecuación de costo de generación de la energía como la cuenta de subsidios.
Desde mayo no hay más subsidios para quienes no los pidieron o los hogares de ingresos altos (EFE/JUAN CARLOS HIDALGO/Archivo)
“El 80% de los costos eléctricos está dolarizado y el 100% en el gas. Por ende, una devaluación implica un aumento de los costos en pesos. Ese aumento de costos puede o no ser trasladado a los usuarios”, mencionó el economista especializado en energía Julián Rojo.
Fuentes oficiales ligadas al mercado eléctrico aseguraron en la últimas horas que la pulseada con las empresas distribuidoras para determinar un precio nuevo se habían iniciado ya esta semana. De manera trimestral, la Secretaría de Energía suele determinar lo que se llama el precio estacional, aunque hay un valor vigente actualmente hasta octubre.
Los dichos de hoy de Royon confirmaron las conversaciones internas en el equipo económico para determinar qué camino se tomará sobre tarifas y subsidios y, sobre todo, con qué velocidad.
“Para el caso eléctrico, o bien aumentan las tarifas vía resolución de la Secretaría de Energía; o se ‘come’ el costo y por lo tanto aumentan los subsidios”, planteó Rojo. La cuestión de la necesidad de incrementar o no la cuenta de subvenciones no es menor en contexto de restricciones presupuestarias y de límites al déficit marcados por el FMI. “Hay que ver qué termina pasando en la negociación final en Washington para ver si hay algún margen más para subsidios”, planteó un integrante del equipo económico consultado al respecto.
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En Jujuy hay 600 personas privadas de la libertad que podrán votar este domingo 13 de agosto PASO, como así lo establece el Código Electoral Nacional.
En tal sentido, el Jefe del Servicio Penitenciario de Jujuy; Inspector General Julio Vaca, comunicó que las personas en situación de prisión preventiva podrán emitir su voto en los establecimientos penitenciarios de acuerdo a la ley N°25.858.
En este contexto, el Inspector Vaca explicó que “hasta el momento se encuentran habilitados 600 internos, de acuerdo lo dispuesto por la Junta Electoral. Por lo cual, habrá 6 mesas para sufragar en los distintos establecimientos, entre ellos el de Gorriti, Menores, Mujeres, N°4 de ex fuerza de seguridad, el Centro de Reinserción Social y por último el Establecimiento N°7”.
Asimismo, Julio Vaca reiteró que “los internos que están habilitados a votar son los procesados, los que ya tienen prisión preventiva. Nosotros tenemos la función de arbitrar los medios para que cada electora o elector reciba su documento cívico dentro de las 24 horas anteriores a la fecha de los comicios”.
Continuando, el Jefe del SPJ, destacó que “esta diagramado un dispositivo de seguridad con 60 efectivos que estarían abocados exclusivamente a lo que es la elección, más allá del dispositivo de seguridad diario que tenemos en cada establecimiento. Ese domingo, no tenemos visitas en los establecimientos, aun así, la votación se realiza por lo general por la mañana, pero se respeta hasta las 18 horas que serían los cierres de los comicios”.
Finalmente, el funcionario mencionó que ya está todo organizado para que el personal docente designado que estará a cargo ese día de los comicios trabaje con tranquilidad, como así también las autoridades de los diversos partidos políticos autorizadas por la Justicia Electoral para verificar las boletas y el acto electoral.
Cabe indicar, que para poder votar las personas procesadas que estén cumpliendo detención deben estar incluidas en el Registro de Electores Privados de Libertad, que es elaborado por la Cámara Nacional Electoral.
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El concejal Gastón Remy del bloque PTS-Frente de Izquierda presentó un proyecto que otorga garantía laboral para los trabajadores que prestan servicios al municipio en el estacionamiento medido a través de la Cooperativa 16 de noviembre.
Esta propuesta es en respuesta al decreto del Intendente que fijó la caducidad del permiso otorgado a la cooperativa y que no comprende la estabilidad laboral después del 30 de noviembre del corriente año.
Además los trabajadores denuncian que más de la mitad hoy día no pueden trabajar porque desde el municipio le cortaron el sistema, un hecho que muestra el incumplimiento con el propio decreto del Intendente.
Al respecto, Remy dijo que “compartimos la preocupación de los trabajadores del estacionamiento medido a partir de la decisión del Intendente de quitarles la concesión del servicio. Son alrededor de 70 familias que dependen de ellos y en su mayoría son personas con algún tipo de discapacidad. Por eso, presentamos este proyecto para darles garantía laboral y se cumplan los derechos constitucionales otorgados a las personas con discapacidad.”
Y agregó, “este Concejo con las mayorías actuales otorgó la garantía laboral y la preservación de los derechos laborales cuando el año pasado llamó a licitación del servicio público de recolección, deberían actuar de la misma forma en este llamado a licitación del estacionamiento medido.”
Al finalizar, Remy sostuvo “nuestro compromiso es con los trabajadores y su derecho al trabajo, es necesario que los gremios tomen su reclamo y coordinen medidas de lucha. Defender estos puestos de trabajo es un punto de apoyo para lograr el pase a plata permanente de todos los trabajadores de la cooperativa y que el servicio de estacionamiento sea prestado por el municipio.
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Haciendo uso del procedimiento especial establecido en el artículo 492 del Código Procesal Penal de la Provincia, en una única audiencia oral, el Tribunal en lo Criminal Nº 2 condenó a un hombre, R.F.F., a la pena de 15 años de prisión por ser autor material y responsable de los delitos de “Abuso sexual con acceso carnal (cinco hechos), y abuso sexual simple (hechos reiterados) todo en concurso real”.
Asimismo, los magistrados ordenaron se libre oficio al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual a los fines de incluir en el listado al condenado R.F.F., una vez firme la sentencia.
El veredicto fue emitido por el juez Dr. Luís Ernesto Kamada –presidente de trámite – y las juezas Dras. María del Rosario Hinojo y Cecilia Sadir. En tanto, la secretaría del Tribunal estuvo a cargo del Dr. Jorge Rodríguez.
Los hechos
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, R.F.F. fue condenado por los hechos ilícitos perpetrados contra una menor de edad de la cual era tío, desde que la niña tenía 6 años hasta los 13 años de edad, en dos viviendas ubicadas en localidades del Departamento Yavi.
Las agresiones sexuales tuvieron lugar durante el lapso de tiempo comprendido entre 2014 y 2021, cuando el acusado de forma progresiva y reiterada fue abusando sexualmente de su sobrina, comenzando con tocamientos en las partes íntimas de la menor hasta llegar a accederla carnalmente.
Alegatos
En los alegatos, el representante del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Walter Rondón, solicitó la pena de 15 años de prisión para el acusado.
Mientras que la defensa de R.F.F. estuvo a cargo de la Dra. Fabiana Judith Galian Sola.
Procedimiento especial
El juicio se resolvió en una única audiencia oral en la que se aplicó el procedimiento especial establecido en el Artículo 492 del Código Procesal Penal de la Provincia, mediante el cual se omite la recepción de la prueba debido a que el acusado confesó su culpabilidad y se logró arribar a un acuerdo entre el Tribunal, el Fiscal y la Abogada Defensora.
Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer dentro del plazo establecido por el Código Procesal Penal de la provincia, a partir de lo cual las partes podrán recurrir ante una instancia superior al Tribunal de juicio.
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El gobierno nacional se meterá de lleno en la crisis de Jujuy por la aplicación de la nueva constitución provincial, que generó graves incidentes en la provincia la semana pasada. Poco más de una semana después de que los manifestantes ingresaran y prendieran fuego la legislatura provincial, el Ejecutivo intervendrá en el conflicto.
Según le confirmaron a Infobae, el ministro de Justicia, Martín Soria, presenta este viernes una acción declarativa de la inconstitucionalidad de la Constitución de Jujuy ante la Corte Suprema. Así cumplió con un pedido que le había hecho Alberto Fernández y que el propio Presidente explicitó pocos días atrás en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.
“He instruido al Ministerio de Justicia de la Nación para que analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy, que violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales”, había dicho Fernández. Mañana será Soria quien cumpla con el pedido.
Uno de los artículos que resistencia causó en la provincia es el número 67, en el que se impiden los cortes de ruta. Cuando presentó la nueva Constitución Morales fue inflexivo. “La prohibición de los cortes de ruta es una convicción”, aseguró. El artículo, titulado “El derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica”, establece que “el Estado debe asegurar que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de otros, y garantiza la libre circulación de las personas”.
Este medio pudo tener acceso a la declaración donde se remarca que “la Provincia de Jujuy comete abuso, cuando al introducir la nueva redacción del art. 67, infringe la Constitución Nacional y pactos internacionales en ella incluidos”.
En esa línea, señala: “Podemos asumir que cuanto mayor sea la afectación a un sector determinado mayor será el volumen de la protesta y excederá cualquier poder de limitación. Y se contará con una herramienta legal que, claramente, tiende a la criminalización de la protesta”.
En la declaración se indica que ”en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y jurisprudencia de V.E., venimos a interponer acción declarativa contra LA PROVINCIA DE JUJUY, a fin de que V.E. declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 67 inc. 4°, 94 y 95 de la Constitución de la Provincia de Jujuy”.
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales
En la presentación del ministerio de Justicia se señala que la nueva norma “quebranta la razonabilidad que debe caracterizar a toda norma jurídica” y que se trata de “una cuestión de altísima gravedad institucional”. Además, agregan: “Tampoco debe soslayarse la innegable gravedad institucional que la cuestión conlleva, pues está en juego el orden institucional de la república y el sistema democrático, así como los valores que lo sustentan”.
Para Soria, a cargo de la presentación, “la Provincia de Jujuy, mediante su renovada carta magna, avasalla diversos derechos consagrados constitucional” y consideró que hubo “gravísimos hechos represivos ocurridos luego de la promulgación de la misma”. En ese sentido, recalcó las expresiones críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante las horas más violentas en Jujuy.
“La Constitución provincial, en los aspectos que son objeto de crítica en el presente, violan gravemente derechos humanos consagrados por nuestra Constitución Nacional y Tratados internacionales en los que la Nación es parte, comprometiendo en grado sumo la responsabilidad internacional del Estado Nacional”, indica el ministro en la presentación.
La respuesta de Gerardo Morales
Dos días atrás la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció al gobierno de Jujuy por la represión a los manifestantes y le pidió a la justicia que inicie una investigación penal sobre el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales. “La presentación solicita que se investiguen los numerosos hechos de violencia policial en las protestas contra la reforma constitucional de la provincia”, indicó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.
“Se confirma el intento de desestabilización en Jujuy. Lo mejor que puede pasar es que la Corte Suprema analice el nivel de ampliación de derechos que consagra esta Constitución. Este tipo de reformas son las que necesita el país para dejar atrás la industria del piquete y la extorsión que nos viene destruyendo”, respondió Gerardo Morales y acusó a Alberto Fernández de “incentivar” a la violencia.
FUENTE: INFOBAE
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