Desde este lunes primero de julio de 2024 circulan los "Chachos", los Bonos de cancelación de Deuda (BOCADE), con el que la provincia La Rioja, busca potenciar el circuito financiero local y reactivar la economía y el consumo. Más de 20 años después vuelven las cuasimonedas.

Los "Chachos" tienen un valor de 1 a 1 con relación al peso, habrá de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 y 50.000 y ya circulan los billetes.

Los Chacho, inspirados en el caudillo Ángel Vicente Peñaloza, serán de circulación provincial y servirán para comprar cualquier producto en comercios adheridos y pagar servicios e impuestos provinciales.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela empezó a pagar salarios de junio con estas cuasimonedas. Los altos funcionarios del Poder Ejecutivo provincial recibirán $100.000 en “Chacho” como parte del sueldo de junio; mientras que los cargos de directores generales recibirán $50.000.

De esta manera la comparación con los Patacones y Lecop de 2001 son inevitables: los primeros fueron llevados adelante por la provincia de Buenos Aires, mientras que los segundos por el gobierno de Fernando De la Rúa.

Cómo son los "Chachos"

Los Chachos cuentan con diversos elementos de seguridad, entre ellos papel de seguridad sin fluorescencia, con fibrillas visibles e invisibles, marca de agua exclusiva y de fabricación registrada.

Del mismo modo, los billetes tienen fibrillas visibles en color azul y rojo, reactivas a U.V., e invisibles reactivas a U.V. en color azul; así como numeración y QR visibles en color negro, reactivas a U.V. en color azul.

Otro de los detalles es un hilo metálico aventanillado con efectos ópticos dinámicos, microletra de seguridad, numeración visible en color negro, reactiva a U.V. en color azul, e invisible reactiva a U.V. en color amarillo.

Se trata de proyectos de obra pública que se ejecutarán en un plazo de tres años que demandarán una inversión de más 2,8 billones de pesos

Tras paralizarlas a lo largo de seis meses, el ministerio de Economía de la Nación que conduce Luis "Toto" Caputo, definió una lista de obras públicas que ahora considera como prioritarias. Se trata de un listado de 376 obras que se ejecutarán en un plazo de hasta 36 meses con una inversión estimada de 2.827.970 millones de pesos.

Según adelantó Ámbito este lunes, estos emprendimientos abarcan distintos proyectos que van desde obras en el corredor del Cuyo de la Ruta 40 hasta la terminación de la cárcel federal de Coronda, en Santa Fe. “En algunos casos los trabajos se reiniciarán inmediatamente y en otros, por el atraso que sufren los contratos, se necesitará más tiempo, pero calculamos que dentro de los próximos tres meses esas 376 obras volverán a estar en ejecución”, afirman fuentes de la Secretaría de Obras Públicas.

Sobre los criterios a partir de los cuales se establecieron las prioridades, fuentes del gobierno aseguraron que "hicimos un análisis de la urgencia de las obras con contrato vigente y no pusimos ninguna obra que todavía no esté adjudicada ni contratada, entonces nos concentramos en acomodar primero el desastre que había en materia de obra pública”.

Anticiparon además que en los próximos meses se analizará el caso de otras obras que son estratégicas también para la Nación. Se trata de emprendimientos que no serán transferidos a otra jurisdicción ni serán rescindidos. Son obras que para el Gobierno Nacional tienen “una prioridad no inmediata”.

En consecuencia, el término que utilizan los funcionarios es “neutralizar” estas obras, es decir “acordar con la empresa contratista la suspensión de todas las obligaciones, sin generar ningún tipo de gasto para las partes, y el contrato queda neutralizado en el plazo y en las obligaciones para cuando se disponga el reinicio, que puede ser, supongamos, el año que viene”.

En esta categoría se contabilizan 347 obras que involucran un monto estimado de 1.794.497 millones de pesos.

En el marco de la última Convención de la Cámara Argentina de la Construcción -CAMARCO-, el ministro Caputo señaló que “la Nación tiene que hacer obras de infraestructura importantes que sirvan al desarrollo”.

El titular del Palacio de Hacienda precisó que "recibimos 2.700 obras (públicas), de las cuales el 77% eran por convenio y obras menores, como un cordón cuneta en Santiago del Estero, un techo de una pileta en alguna otra provincia, baños en un cementerio”. Y se preguntó ¿Qué tiene que hacer Nación con esas obras? Eso no es obra. Eso es política”.

Caputo señaló que estas obras se tienen que realizar, pero “las tiene que hacer el intendente o el gobernador. A nosotros nos costaba más la fiscalización de esas obras que la obra misma”. En este sentido, la administración central transfirió más de 900 obras a las provincias.

La decisión del Poder Ejecutivo de continuar con determinadas obras se da en un contexto en que la Construcción es la rama de la economía que más sufre la recesión, en buena medida por la disminución en la inversión del sector público. Los datos de la Tesorería muestran que en mayo se registró una caída interanual de 82,8% en los gastos de capital, según la consultora ACM.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que elabora el INDEC arroja que en abril último experimentó una caída de 20% interanual. Se calcula que se perdieron unos 100 mil puestos de trabajo.

La situación de las empresas del sector se encuentra comprometida no sólo por la retracción de la actividad, sino también por la demora en los pagos del Estado. Según sostuvo el titular de CAMARCO, Gustavo Weiss, la deuda del Ejecutivo con las compañías del sector llega a 400 mil millones de pesos.

En una maratónica sesión, que primero tuvo el aval a las modificaciones de la ley Bases, el pleno del Senado aprobó esta mañana los cambios al paquete fiscal y lo devolvió en segunda revisión a Diputados. Esto quedó en segundo plano ya que, durante la votación en particular, el oficialismo tuvo una más que débil estrategia y recibió dos duras derrotas: se rechazaron la reactivación del impuesto a las Ganancias y el título de Bienes Personales, por lo que la posibilidad de revertir estos temas quedará en manos de la Cámara baja.

Tras un par de horas de debate, la votación en general de la iniciativa obtuvo 37 adhesiones y 35 rechazos. Luego se continuó con el tratamiento en particular del proyecto (se dio por títulos, salvo algunos artículos), en un debate que comandó el titular provisional del Senado, Bartolomé Abdala, ya que Victoria Villarruel se encontraba en ese momento ya a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a Europa.

Con la vicepresidenta ausente, la suerte del oficialismo viró y el destino de la ley quedó en un riesgoso escenario. El aliciente para el gobierno nacional es que los traspiés en Ganancias -esperado- y en Bienes Personales -imprevisto- fueron por mayoría simple, por lo que Diputados podría insistir con la versión original y revivir ambas opciones.

Detalles y picardías de la votación en particular

*Regularización de Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social. Esto incluye la moratoria y consiguió el voto de todo el pleno de la Cámara alta: 72 adhesiones.

*Régimen de Regularización de Activos (blanqueo). Fue lo más analizado y se dieron varios cambios extra en el recinto pedidos por dialoguistas y por el Frente de Todos, como el que elimina a los extranjeros, los bienes a nombre de empresas -testaferros- y se refuerza la exclusión de quienes tengan condenas. Para que Diputados no revierta la decisión, se votó por unanimidad y se obtuvo, con creces, los dos tercios.

*Bienes Personales. El senador radical Martín Lousteau pidió no beneficiar a quienes ingresaran al blanqueo. El oficialismo no aceptó y perdió la votación 37 a 35 por los rechazos del titular de la UCR, de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano -se vengaron de la pésima estrategia adoptada en la ley Bases- y Mónica Silva, la rionegrina que responde al gobernador Alberto Weretilneck.

Para salvar el asunto, se buscó recurrir a los artículos del dictamen de minoría del legislador porteño. También quedó rechazado. Todo esto significó una importante derrota para La Libertad Avanza. Resolverá Diputados.

*Impuesto a la transferencia de inmuebles. Se eliminaron varios artículos de la ley 23.905 y se votó a favor: 38 a 34.

*Ganancias. Otro de los fuertes traspiés de los libertarios: 41 a 31. Antes de la votación se habían separado cuatro artículos: 77, 78 bis, 79 bis y 88. Un par interesaban a patagónicos y se generó una tediosa puja para ver si se realizaban o no esas definiciones. No prosperó.

*Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. La votación fue a favor, con 37 adhesiones y 35 en contra. La resucitación del Monotributo Social -incluida en el dictamen de mayoría- se decidió de manera separada y fue rechazada.

*Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor: 38 a favor y 34 en contra.

*Otras medidas fiscales. Se rechazó con dos tercios de los votos (6 contra 65) el artículo 111 del dictamen de mayoría, que instaba al Poder Ejecutivo a “que en el plazo perentorio de sesenta (60) días de sancionada la presente envíe a este Congreso un proyecto de ley tendiente a incrementar los recursos corrientes de la administración en hasta un dos por ciento (2%) del Producto Bruto Interno, mediante la supresión o modificación de exenciones tributarias, beneficios impositivos o de cualquier gasto tributario en los términos del artículo 2 del decreto 1731/2004″. En resumen, un gesto más que generoso para defender el vigente régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. Imposible que Diputados pueda revertirlo.

Por otra parte, se volvieron a cambiar las regalías mineras con dos tercios de los votos (69 a favor y una abstención, de Alicia Kirchner). En principio, iban a crecer de 3% a 5%. Ahora, el articulado aprobado establece que “las provincias que adhieran al régimen de la presente ley y que perciban regalías o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al tres por ciento (3%) sobre el valor ‘boca mina’ del mineral extraído”, según informó en el recinto el jefe libertario en el Senado y titular de la comisión de Presupuesto de la Cámara alta, Ezequiel Atauche.

Seguido a ello, se agrega: “Como excepción a lo previsto en el párrafo anterior y exclusivamente respecto de proyectos mineros que no hubieran iniciado construcción correspondiente a la etapa de explotación con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente artículo, las provincias adheridas al régimen de la presente ley y que perciban regalías o decidan percibirlas podrán, previa adhesión a lo dispuesto en este artículo, percibir en concepto de regalías un porcentaje que no exceda de un cinco por ciento (5%) sobre el valor ‘boca mina’ del mineral extraído”.

En concreto: los vigentes, un 3%; los nuevos, hasta un 5%. Con esto, quedó diezmada la versión que había conseguido Carambia a cambio de firmar el dictamen de la ley Bases.