El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena llamó a una primera ronda de notificaciones a las presuntas victimas de espionaje ilegal
a manos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la presidencia de Mauricio Macri. En la nómina se encuentran la vicepresidenta, y antecesora del líder de Cambiemos en el Ejecutivo, Cristina Kirchner, el jefe de Gobierno de la Ciudad Horacio Rodríguez Larreta y la ex gobernadora de la Provincia María Eugenia Vidal.
La información fue dada primero en C5N por el periodista Gabriel Morini. La nómina la completan los referentes de Juntos por el Cambio: el vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli, el ex jefe del bloque del Pro en Diputados Nicolás María Massot, el ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó y el diputado Waldo Wolff.
También están el camarista Martín Iruruzun y los opositores Graciela Camaño, Luis Barrionuevo, Martín Insaurralde, Pablo Bruera, Jorge Ferraresi, Maurice Closs y Hugo Moyano. Además están miembros eclesiáticos como Monseñor Jorge Lugones, el Padre Pepe di Paola y los periodistas Hugo Alconada Mon y Marcelo Veneranda de La Nación.
Hay integrantes de la comunidad mapuche y está Salvatore Pica, la pareja de Florencia Macri, la hermana del ex presidente.
En la causa están identificados como presuntis partícipes 15 personas, todos agentes orgánicos de la AFI que tenían esta misión. El primer eslabón es un presunto narco que habilita las escuchas. "No son agentes inorgánicos, son agentes legales de la inteligencia", detalló Gabriel Morini quien agregó que "compartían el material en grupos de WhatsApp".
En 2009, Mauricio Macri fue denunciado por espiar al fallecido Néstor Leonardo, pareja entonces de Sandra Macri quien también murió, y fue procesado. Días antes de asumir la Presidencia fue sobreseído por el juez Sebastián Casanello.
La AFI denunció espionaje ilegal a 500 periodistas, empresarios, dirigentes sociales, políticos y científicos
La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, realizó una denuncia por “producción de inteligencia ilegal” en perjuicio de alrededor de 500 personas, entre quienes figuran periodistas, referentes de organizaciones sociales y políticas, académicos, empresarios e integrantes de diversos organismos de la sociedad civil. En el sorteo realizado por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, resultó asignado el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº11, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, quien intervendrá junto a la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº10 cuya titular es Paloma Ochoa.
La información -que fue hallada a fines de enero en una caja fuerte en tres sobres con las leyendas “2017”, “Periodistas G20” y “Varios”- consta entre otros materiales de 403 fichas de periodistas, quienes habían solicitado su acreditación para la Cumbre del G-20 de 2018. Las planillas contienen una fotografía del solicitante y, en muchos casos, incluyen referencias a las preferencias políticas y actividades culturales y sociales.
El listado incluye a cronistas, reporteros gráficos, técnicos y camarógrafos de medios gráficos, electrónicos y audiovisuales de Argentina y el exterior e incluye caracterizaciones como “Siempre con posturas contra el Gobierno”; “Se opone fuertemente al kirchnerismo”, “Hay una (foto) con Estela de Carlotto”; “Utiliza las redes como herramienta de viralización de contenido feminista”; “Se destaca que en FB la única pagina de políticos a la que le dio ‘Me Gusta’ es a la de Laura Alonso”, o “En las elecciones presidenciales de 2015 apoyó a Cambiemos”.
Además, se encontraron 28 fichas de personas vinculadas al mundo académico y otras 59 adicionales, producidas con motivo de la 11ª Conferencia Ministerial de la OMC del año 2017. Todas con la correspondiente fotografía y detallan información privada de las personas, como datos bancarios, vínculos familiares, propiedades y automóviles, participación en sociedades, salario de empleadas domésticas, etc.
La documentación también incluye un informe de inteligencia sobre organizaciones sociales y políticas que planteaban objeciones a los eventos, como el Transnational Institute y el Instituto del Mundo del Trabajo “Julio Godio”, y otro con información obtenida de “fuentes propias” sobre una reunión política convocada contra estos eventos.
En el escrito entregado este viernes por la mañana, Cristina Caamaño subrayó que “si un periodista es o no opositor del gobierno de turno no influye en lo más mínimo respecto a las condiciones de seguridad que debían brindarse desde el Estado nacional para llevar a cabo un evento internacional de la envergadura del G-20. Lo mismo respecto a si el periodista publica o no fotos de sus viajes en Instagram o a quien sigue en Twitter, o si milita en el movimiento social ‘Ni Una Menos’”.
Por último, solicita la citación a declaración indagatoria de los agentes involucrados (de quienes debe preservarse la identidad, en los términos de la Ley Nacional de Inteligencia); del ex director general de la AFI Gustavo Arribas; de la ex subdirectora general de la Agencia, Silvia Majdalani, y del ex presidente Mauricio Macri, “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional (art. 12, ley 25.520).
