La Legislatura provincial, durante la décima Sesión Especial, aprobó los pedidos de acuerdo remitidos por el Poder Ejecutivo para designar al Dr. Ekel Meyer como Vocal del Superior Tribunal de Justicia,

este tema trajo mucha polémica por las impugnaciones que pesan sobre el ahora ex ministro de seguridad del gobernador Morales, gran parte de los sectores opositores expresaron que que con esta designación jujuy perdia todo tipo de independencia a la hora de impartir justicia ya que el Superior Tribunal de Justicia quedaba señalado como un apéndice del ejecutivo, de nada valieron los argumentos de la falta de un curriculum que avalo la designación de Meyer ni su cuestionado paso por la cartera de seguridad. Ante esto el único argumento que pudo esgrimir el jefe de la bancada radival Alberto Bernis en favor de Meyer es que es una persona de bien y que les había asegurado en la entrevista que iba a ser independiente, algo que el justicialismo cuestiono desde un primer momento.

Tambien se designo al  Dr. Ellio Yapura como Juez del Tribunal en lo Criminal Nº1, al Dr. Jorge Abud como Defensor Oficial Civil, a la Dra María Tolaba como Juez del Tribunal en lo Criminal Nº1, al Dr José López Iriarte como Juez en la Cámara en lo Civil y Comercial Nº1 (vocalía 2), a la Dra. Felicia Barrios como Juez del Tribunal en lo Criminal Nº1, al Dr Javier Salvatierra como Juez del Juzgado de control Nº3, a la Dra. Gisela Macina como Juez de la Cámara de Casación Penal, y a la Dra. Mirta del Milagro Vega como Juez de Primera Instancia Civil y Comercial – Sede San Pedro.

             Al respecto, el presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, Ramiro Tizón, explicó que todos los pedidos de acuerdo enviados por el ejecutivo obedecen a postulantes que oportunamente se presentaron a los concursos de evaluación y antecedentes para cubrir los cargos detallados.

 CUESTIONES DE PRIVILEGIO

             Antes del tratamiento de los pedidos de acuerdo, la diputada Alejandra Cejas planteó cuatro cuestiones de privilegio destinadas a Facundo Javier Morales, hijo del gobernador de la provincia, por una supuesta incompatibilidad de cargos; al diputado del bloque oficialista, Juan Carlos Abud Robles por haber sido designado por un decreto acuerdo del ejecutivo a cargo de las tierras remanentes del Ingenio La Esperanza y, también, por ser presunto director  de dos sociedades formadas con el patrimonio de JEMSE; a la Fiscalía Anticorrupción por haberse negado a recibirle su declaración jurada; y al vocal de la SUSEPU, Oscar Raúl Congiu, por la viralización de un audio en el cual amenaza telefónicamente a una profesional del organismo a raíz de una denuncia judicial que implica a uno de sus familiares directos. “Espero que lo que se está diciendo vaya a una fiscalía, no podemos hacer de cuenta que no pasó nada”, señaló Cejas.

             En contraposición, el diputado Abud Robles expresó “también voy a hacer una denuncia y va a tener que responder penal y civilmente por todas las mendacidades y mentiras que dijo la diputada. El decreto de delegarme la función del remanente de La Esperanza nunca entró en vigencia porque entendíamos que no correspondía y que era atribución de alguien del Poder Ejecutivo. También va a tener que justificar que pertenecía a dos empresas pertenecientes de JEMSE, porque eso no es verdad y al hacerme cargo de este espacio, como diputado, presenté mi renuncia al ejecutivo”.