En el año 2014, organizaciones de la sociedad civil presentaron un amparo para solicitar la designación de la autoridad de la Defensoría del Pueblo, vacante desde el año 2009.

La causa es impulsada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Poder Ciudadano, la Fundación Sur y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
En 2016 la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal exhortó al Congreso a cumplir con su mandato constitucional. A cuatro años de la sentencia y su posterior incumplimiento, las organizaciones volvieron a solicitar en sede judicial que se inicie de manera urgente el procedimiento para la designación de esta autoridad. El día de hoy, la jueza Rita Ailan intimó a ambas Cámaras para que cumplan en el plazo de 10 días con la sentencia.

La pandemia profundizó las desigualdades preexistentes en Argentina, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerabilizadas. Los efectos de la actual crisis -tanto sanitaria como socioeconómica- demandan que instituciones como la Defensoría intervengan y actúen ante la vulneración colectiva de sus derechos.

El rol que debe ejercer este organismo exige que su titular sea una persona con idoneidad técnica y moral, independencia y proactividad en la defensa de derechos. Por ello, es necesario que para cumplir con esta obligación ambas Cámaras del Congreso establezcan un procedimiento que garantice los principios de publicidad, apertura y participación ciudadana para que la persona que resulte seleccionada sea la mejor candidata posible.

Por todo esto, celebramos la decisión del Poder Judicial para impulsar el procedimiento que resuelva esta  vacancia que ya lleva 11 años. Es urgente que comience cuanto antes el proceso de designación de una autoridad máxima en un organismo orientado a detectar y actuar ante la vulneración de derechos.