“Si no fuera abogada, estaría en un estado de indefensión”, manifestó la Vicepresidenta de la Nación al inicio de su alegato ante el Tribunal Oral Federal 2,

en el juicio por la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Fernádez de Kirchner ejerce su defensa luego de que en la instancia anterior el tribunal le negara la posibilidad de expresarse.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó hoy que “un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita” y evaluó que los jueces y fiscales que intervienen en el juicio por la obra pública en Santa Cruz "creen que son más que nosotros y pueden juzgar todo".
Así lo señaló al exponer vía Zoom desde su despacho en el Senado de la Nación, en el juicio oral y público que se le sigue por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.
La exmandataria señaló que para los fiscales "tres gobiernos constitucionales fueron considerados como asociaciones ilícitas para hacer 51 contratos de obra pública en Santa Cruz", y sostuvo que esa enunciación "no puede ser tomada en serio y raya en el ridículo".
Fernández de Kirchner reafirmó que le fue “negado" su derecho a ejercer su defensa tras el alegato del fiscal Diego Luciani, y destacó las palabras expuestas por uno de sus abogados, Carlos Beraldi, al considerar que dejó a la luz "todas las arbitrariedades de este juicio".

En ese marco, recordó que “jueces y fiscales de este juicio jugaron al fútbol en la quinta de Mauricio Macri”, en la línea con su denuncia pública sobre una persecución por parte de sectores del Poder Judicial hacia su persona.
"Voy a pedir que se extraiga testimonio de todos y cada una de las mentiras de los fiscales, contrastadas con las pruebas que tuvo este juicio", manifestó, y señaló que  "si no fuera abogada, estaría en un estado de indefensión".
"Quiero  que el mundo pueda observar lo que fue este juicio", continuó, y sentenció: “Estamos ante un claro caso de prevaricato”.
“Confrontados los dichos de los fiscales con las pruebas, queda demostrado que los fiscales Mola y Luciani mintieron en su acusación”, siguió. En esta línea, afirmó que la acusación de los fiscales "es profundamente inconstitucional".
Durante el juicio “fueron puestos como prueba de delitos decretos aprobados por el Parlamento, algo que no es posible”, cuestionó, y remarcó: "Para traerme a mí a este juicio, lo hicieron de los pelos. Se violó la Constitución. La justicia actúa así solo conmigo y eso no es bueno para el país".
En referencia al atentado que sufrió el 1 de septiembre en la puerta de su casa, dijo que los detenidos por el atentado que sufrió "no son autores intelectuales". 
n esta línea, cuestionó los vínculos de este grupo con sectores de la oposición: "El abogado de quien me quiso matar es asesor de un senador" de Juntos por el Cambio, recordó, y dijo que se siente "en estado de indefensión".La exmandataria tomó la palabra luego de su abogado Carlos Belardi, quién aseguró surante su alegato que la Vicepresidenta "jamás impartió ninguna directiva vinculada" a las 51 obras públicas adjudicadas a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz a las que la fiscalía adjudica delitos en el juicio de la llamada causa Vialidad.
"Qué está probado en este juicio? Que Cristina Fernández de Kirchner jamás impartió ninguna directiva vinculada a estos casos que acá se investigan", sostuvo Beraldi en la tercera y última jornada de su alegato final.
El abogado expuso de manera previa a que la Vicepresidenta hable ante los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 en ejercicio de su propia defensa y luego por la tarde cerrará el alegato con el pedido formal de absolución.
En el último tema que abordó luego de tres días de alegato, Beraldi se refirió a la acusación por irregularidades en la ejecución y pago de las obras en Santa Cruz entre 2003 y 2015, tras dar por probado que no hubo delito de asociación ilícita ni defraudación.

"No existe una obligación de control" sobre las obras por parte de la Presidencia de la Nación que "no puede ni debe tener control porque la Dirección Nacional de Vialidad es un ente autárquico", remarcó Beraldi ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
"Es imposible que el Presidente de la Nación tenga algún tipo de posibilidad de control respecto de las cientos y miles de obras que se licitan, ejecutan y pagan. Esto quedó demostrado en el juicio", concluyó.

Para Belardi, el juicio está probando que la Vicepresidenta "jamás impartio ninguna directiva vinculada a estos casos".
Además, recordó testimonios de empresarios, entre ellos el de Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri, quien aseguró en la audiencia: "No conozco una obra que empiece y termine en el plazo estipulado"
"Los que han venido a juicio fulminaron esa acusación", agregó y cuestionó una decisión que limitó una pericia pedida antes del inicio del debate a 5 de las 51 obras cuestionadas. "El 90 por ciento de las obras no fue peritado", advirtió.
Por otro lado, cuestionó y exhibió parte de los informes periodísticos que aludían a rutas no terminadas en Santa Cruz o que "llevaban a ningún lado" con los testimonios en el juicio, que desmintieron esto. "Uno ve este informe (el del programa PPT) y dice bueno, ya está, pero cuando vienen los técnicos nos cuentan que todo esto es mentira, tuvimos que esperar seis años para que esto en definitiva, en un juicio, termine mostrándose que era todo una falacia".
Beraldi recordó que en las dos jornadas anteriores se refirió a la forma en que los presupuestos de las obras eran aprobadas en el Congreso Nacional y describió como una "absoluta fantasía" de la fiscalía decir que se actuaba "como un instrumento de una asociación ilícita. Carece de toda seriedad"
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron condenar a la Vicepresidenta a doce años de condena e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
"No existe un solo elemento de prueba serio que indique que se hubieran pagado trabajos no realizados", afirmó Belardi.
Beraldi reiteró que la fiscalía incurrió en "mala praxis" y "vulneración del derecho de defensa" y que se fragmentó la causa "deliberadamente para conspirar contra el descubrimiento de la verdad". 
"Pareciera como que el juicio no existió", cuestionó la defensa al aludir al "nivel de improvisación de la fiscalía". "No existe un solo elemento de prueba serio que indique que se hubieran pagado trabajos no realizados", ejemplificó.
Además, exhibió también parte de declaraciones de testigos como un ex funcionario de Vialidad que afirmó que el "verdadero perjuicio al Estado fue causado" por el gobierno de Mauricio Macri, "que abandonó las obras dejándolas en situación de ruina", remarcó Beraldi.