El Tribunal en lo Criminal Nº 1 condenó a un hombre, S.A.R. a la pena de 13 años de prisión por encontrarlo autor material y responsable del delito de “Robo en Poblado y en Banda seguido de Abuso sexual con penetración en concurso real”

; hechos ocurridos en el año 2017 en la localidad de Monterrico.

Además ordenó que firme y consentida que estuviere la sentencia, autorizar la obtención de los perfiles genéticos del condenado a efectos de su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

El Tribunal fue integrado por las juezas Felicia Ester Barrios –presidente de trámite-, y Maria Alejandra Tolaba y el juez Luciano Yapura; secretaría a cargo de la Dra. Mariana Córdoba Etchart.

De acuerdo con la requisitoria fiscal de elevación a juicio de la causa, el 10 de septiembre de 2017, siendo las 5:20 horas, el acusado, S.A.R., ingresó junto a dos hombres a una vivienda ubicada en el interior de una finca en la localidad de Monterrico.

En esa oportunidad, ante la ausencia del denunciante y su esposa en ese domicilio, el imputado, con las personas que lo acompañaban, sustrajeron cinco mil ochocientos pesos y un DVD, dejando estos objetos escondidos en los adobes a un costado de la casa.

En la vivienda se encontraban una niña de cinco años y un niño de dos años de edad, hijos de la pareja anteriormente mencionada. Frente a esta situación, el acusado abusó sexualmente de ella en presencia de su hermano menor.

El ahora condenado, fue sorprendido por el arribo del padre de los menores a la vivienda, mientras que los otros dos hombres que lo acompañaban lograron darse a la fuga.

El Fiscal ante el Tribunal fue el Dr. Sergio Marcelo Cuellar, quién en su alegato solicito para el acusado la pena de 17 años de prisión.

En tanto, la defensa técnica fue ejercida por la Defensora Oficial Dra. Natalia López, del Ministerio Público de la Defensa Penal, quién pidió para su defendido la absolución lisa y llana.

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer dentro del plazo establecido por el Código Procesal Penal de la provincia, a partir de lo cual las partes podrán recurrir ante una instancia superior al Tribunal de juicio.