La asociación "Usina de Justicia" pidió este lunes la destitución del juez de la Cámara de Casación bonaerense Victor Violini por mal desempeño de sus funciones al cuestionar el hábeas corpus colectivo
que posibilitó arrestos domiciliarios de detenidos en el marco de la pandemia de coronavirus Covid-19. El pedido de juicio político ante el jurado de Enjuiciamiento también incluye una solicitud para que se lo suspenda mientras se le realiza el proceso.
La resolución de Violini está siendo analizada por la Suprema Corte bonaerense, que debe fallar sobre las domiciliarias dictadas a detenidos para evitar los contagios en las cárceles.
Para la asociación, representada por el abogado Fernando Soto, el juez carecía de competencia para dictar la resolución, y se excedió en sus facultades al permitir arrestos domiciliarios que no debieron haber sido concedidos.
Otra de las causales por las que se solicitó el juicio fue la omisión de notificación de las medidas a las víctimas, “avasallando los derechos” de las mismas.
Según el pedido de remoción, “el Juez Violini fue más allá de lo que solicitaron los Sres. Defensores Oficiales, ya que, en forma extra petita ordenó conceder 'arrestos domiciliarios', cuando en modo alguno los accionantes lo habían solicitado”.
“Entendemos que el temerario obrar del Juez Violini es una causal que amerita su remoción como Magistrado de la Cámara de Casación Penal, ya que con su decisión ha lesionado un adecuado servicio de justicia al 'saltar' por sobre las competencias de los jueces naturales, vulnerando de ese modo también el principio constitucional de debido proceso legal, con clara y directa afectación del sistema republicano de gobierno”, indica el escrito .
“Consideramos que la decisión del Dr. Violini no se basó en el Derecho procesal penal vigente, sino que fue un acto de arbitrariedad manifiesta en un notorio apartamiento de la letra expresa de la ley”, continúa la presentación.
“Es que la circunstancia de emergencia sanitaria producida por el Covid-19, ni la situación carcelaria producto de la sobrepoblación carcelaria, justifican una alteración total del orden constitucional y legal”, advirtió la entidad.
