La polémica en torno a la denominada Ley de Inocencia Fiscal sumó un nuevo capítulo tras conocerse que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni (junto a su esposa, Bettina Angeletti) decidieron adherirse al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias impulsado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Este mecanismo voluntario confecciona una declaración preliminar con los datos del fisco y simplifica el trámite de presentación. Sin embargo, la medida encendió las alarmas debido a que permite ordenar las declaraciones juradas del pasado y evitar sanciones penales por incumplimientos tributarios previos.
La lista de los miembros del oficialismo que optaron por este sistema se extendió rápidamente. Además del matrimonio Adorni, se incorporaron Aimé "Meme" Vázquez (jefa de asesores de la Jefatura de Gabinete), el cineasta presidencial Santiago Oría, el senador libertario y economista Agustín Monteverde, el titular de la propia ARCA, Andrés Vázquez, y el ex diputado José Luis Espert. Este último, recordamos, debió declinar su candidatura en la Provincia de Buenos Aires tras difundirse sus vínculos con el empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico y lavado de dinero.
También apareció en la nómina el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Desde su entorno salieron a justificar la decisión de inmediato, argumentando que "más de 80.000 argentinos ya adhirieron a este régimen" y que el funcionario simplemente utilizó una herramienta lícita y disponible para cualquier contribuyente que reúna las condiciones previstas por la normativa de ARCA, descartando cualquier tipo de irregularidad en la presentación.
A pesar de las justificaciones oficiales y de que el propio Adorni aclaró ante sus colaboradores que no ingresará a "ningún blanqueo", la oposición cuestionó con dureza la medida. El diputado radical Martín Lousteau advirtió que el mecanismo "torna ciego al fisco" para detectar cambios patrimoniales no sustentados en ingresos en blanco. Según el legislador, la norma funciona como una pantalla donde "funcionarios corruptos o el narco" pueden bloquear investigaciones fiscales sobre cómo construyeron su patrimonio, disfrutando de ingresos no declarados.
