"NO HAY MÁS TIEMPO"
La actriz Lola Berthet, referente del colectivo, se refirió a la urgencia de la reglamentación y la situación crítica que atraviesan las familias y los profesionales. "No hay más tiempo, el sector de discapacidad no puede esperar más. La ley fue votada, el veto fue rechazado y ahora la justicia le da cinco días al gobierno para que demuestre que la está cumpliendo. Necesitamos la reglamentación ya porque los prestadores no cobran y las personas con discapacidad se están quedando sin sus tratamientos. Tienen que cumplir con la ley".
Por su parte, Valentina Bassi detalló los alcances técnicos de la intimación judicial y los plazos que el Poder Ejecutivo debe acatar de manera obligatoria. "La justicia acaba de intimar al gobierno nacional. Tienen cinco días para demostrar que la ley se está cumpliendo. El 4 de febrero tiene que estar en plena ejecución y, si no cumplen, comenzarían las multas para los funcionarios. Es un paso muy importante para que dejen de dar vueltas con nuestro derecho".
PUNTOS CLAVES DEL FALLO JUDICIAL
Plazo perentorio: El Gobierno tiene 5 días para presentar documentación real (no "proyectos" ni "análisis") sobre el cumplimiento.
Fecha límite: El 4 de febrero de 2026 la ley debe estar operativa en todo el país.
Multas: El incumplimiento derivará en sanciones económicas personales para los funcionarios del área de Salud, Capital Humano y Vocería.
No regresividad: El fallo recuerda que el Estado tiene la obligación constitucional de no retroceder en la protección de derechos sociales adquiridos.
La situación del sistema de prestaciones sigue siendo crítica, con deudas acumuladas y aranceles desactualizados que ponen en riesgo la continuidad de escuelas especiales, centros terapéuticos y servicios de transporte adaptado.
PRESTADORES Y OBRAS SOCIALES
Técnicamente, el "ahogo" que mencionan Lola Berthet y Valentina Bassi se traduce en:
Corte de la cadena de pagos: Las obras sociales y prepagas demoran los pagos entre 60 y 90 días, con aranceles que el Gobierno mantiene congelados o con aumentos por debajo del índice de precios.
Deserción profesional: Al no cumplirse la Ley de Emergencia, muchos profesionales técnicos y centros de día están cerrando por la imposibilidad de cubrir costos operativos (sueldos, servicios, mantenimiento de vehículos adaptados).
La Justicia ha determinado que la "falta de fondos" no es un argumento técnico válido para suspender una ley que protege a un colectivo vulnerable, obligando al Estado a reasignar partidas para dar cumplimiento a la norma antes de la fecha límite establecida.
