Moisés recordó que las empresas estatales jujeñas fueron constituidas con fondos públicos y deuda en dólares contraída en nombre de todos los jujeños, pero que en la práctica “se convirtieron en negocios de unos pocos, con directorios que cobran sueldos millonarios y sin rendir cuentas de nada, es una muestra más de que este gobierno no busca eficiencia ni desarrollo”.
“La falta de balances, de información pública, de control real de la Legislatura o de los organismos estatales demuestra que se trata de un sistema corrupto que ahora quieren consolidar para venderlo a sus amigos. Cauchari, el tren solar, Agua Potable, Cannava: todo puede quedar en manos privadas sin que el pueblo jujeño tenga voz ni beneficio alguno. Llevan 10 años prometiendo desarrollo con Cauchari y lo único que tenemos es una de las tarifas de luz más caras del país”, denunció.
Además, la senadora anunció que junto a su equipo de abogados evalúan acciones legales, entre las que figuran un planteo de inconstitucionalidad y un amparo inmediato: “La Legislatura delegó facultades que no podía delegar, entregando nuestros recursos estratégicos. No vamos a permitir que se siga vaciando Jujuy. Este sistema es ilegal y lo vamos a enfrentar en todos los frentes”.
Este es un nuevo capítulo del saqueo radical, un negocio armado entre pocos, a espaldas del pueblo. Lo votaron a las apuradas, sin debate, sin informes y sin transparencia. Es una vergüenza institucional y una estafa al pueblo de Jujuy. No es otra cosa que una privatización encubierta e ilegal”.
