En el salón Marcos Paz de la Legislatura se llevó a cabo una nueva reunión de la comisión de Asuntos Institucionales, en la continuidad de la agenda de trabajo por el proyecto de la Reforma Parcial de la Constitución de la Provincia.

Participaron como invitados el titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sergio Lello Sánchez y el Defensor del Pueblo Javier de Bedia.

Al término de la reunión Sergio Lello Sánchez opinó que era de vital importancia que esta reforma propone un nuevo diseño del Ministerio Público, ya que ”el diseño en la constitución actual es débil, porque en esa época,  y con la actual constitución no era necesario de otra manera”, agregó que “actualmente nos encontramos con la necesidad de un ministerio público diferente, fuera de la órbita del poder judicial, que ponga en vigencia un verdadero sistema procesal acusatorio y que implica la separación total del Poder Judicial ”, aseguró. Y en ese mismo sentido explicó que los jueces son imparciales con lo que se garantiza el debido proceso “hay una equidistancia entre el acusado y la víctima, no tiene que gestionar intereses. En  cambio el Ministerio Público si gestiona intereses, los de la víctima en particular y de la sociedad en general”, enfatizó el titular del MPA.

Afirmó que “no se puede tomar la justicia por manos propia, entonces el garantizar el acceso a la justicia es parte del trabajo del ministerio público”, detalló Lello Sánchez.

Expresó que con la reforma parcial de la constitución se prevé que el Ministerio Público tenga rango constitucional “era necesario porque con la reforma de 1994 lo constituye como un órgano extra poder, y porque la constitución de la provincia tiene que estar en línea con la de la nación”.

En consonancia a esto, Javier de Bedia, Defensor del Pueblo, se mostró satisfecho por cuanto se trata “de darle rango constitucional a la defensoría, lo que es más que importante”, al respecto aclaró que “hay muchas oportunidades en las que uno hace recomendaciones o pedidos a las autoridades y no son respondidos, porque estamos creados por una ley; y al tener rango constitucional, aún altas autoridades, tienen que responder a los requerimientos de la Defensoría del Pueblo”, redondeó de Bedi